SEMANA conversó con la senadora Paloma Valencia sobre el cruel atentado perpetrado por el ELN en zona rural de Norte de Santander, que ha generado la indignación en el país por la muerte de jóvenes soldados que apenas pasaban la mayoría de edad y porque el Gobierno insiste en un árido diálogo del cual la única respuesta ha sido más atentados y acciones armadas.
Valencia deja claro que sería un error enorme si el Gobierno Petro no aprende de las negociaciones de paz que han fracasado en Colombia. Esto respecto a la pregunta de si el Gobierno Petro debería levantarse de la mesa que actualmente tiene con el ELN.
“Lo primero es que la política de corazón abierto es una cachetada. El Gobierno prometió que se acababa la violencia. No era cierto. Aquí los únicos enemigos de la paz son los que andan con fusiles disparando. El Gobierno debe entender que la política real es que uno presione con Fuerzas Armadas. El Gobierno tiene que aprender de las negociaciones que han salido mal y evaluar si permite que la violencia sea utilizada como un mecanismo de presión. Aquí se tiene que exigir un cese unilateral de todas las acciones criminales”, advierte.
“Recuerden que el señor comisionado de Paz y el hermano del presidente estuvieron visitando las cárceles. De hecho, por medios sabemos que hay una carta que salió de la cárcel de Cómbita que tiene los principios que inspiran la ley de sujeción como el tema carcelario. Esos son temas que no son menores, que dejan en entredicho la política de paz del Gobierno. Para ganar legitimidad, no se puede aceptar una mesa con asesinatos”, advirtió.
Valencia también explicó que “el Gobierno cree que dándole impunidad al crimen, Colombia se va a pacificar”. Según la congresista, “cuando liberen los criminales peligrosos, con negociaciones de paz, el país va a vivir unas épocas de mayor inseguridad que ningún colombiano y creo que ni el propio Gobierno querría”.
Lo ocurrido en Norte de Santander
Los hechos ocurrieron pasadas las 3:00 a. m. de este miércoles 29 de marzo, mientras los hombres adscritos a la Segunda División del Ejército descansaban en la zona de alta conflictividad, pues en la región operan no solo el ELN, sino también las disidencias de las Farc de Iván Márquez, conocidas como la Segunda Marquetalia, y las de Iván Mordisco, llamadas Estado Mayor.
Además de la gravedad de los hechos, ha sorprendido la forma en la que ha reaccionado al ELN al rechazo generalizado que ha generado este ataque. Desde su cuenta de Twitter, la delegación de paz del grupo guerrillero, como si nada hubiese ocurrido, llamó al país a seguir en la “construcción de paz”.
“Entendemos el dolor porque lo hemos sentido. Todos los dolores cuentan, son iguales. Son duras las realidades de la guerra, por ello es menester persistir en la construcción de la paz y proseguir en su proceso”, insistió el ELN.
No obstante, mientras los elenos por un lado llaman a la paz, por el otro siguen insistiendo en la violencia.
Así lo muestra el amedrentamiento de parte de este grupo ilegal contra comunidades en Arauca y Chocó, y el secuestro, en febrero de este año, del sargento del Ejército Libey Danilo Bravo.
Fallido cese al fuego
El año 2022 terminó, en materia de paz, con unos anuncios de las delegaciones en Caracas (Venezuela), donde las partes establecían una hoja de ruta para avanzar rápidamente en las conversaciones. Sin embargo, esa celeridad se frenó el 31 de diciembre antes de la medianoche, cuando el presidente Gustavo Petro anunció un cese al fuego bilateral con varios grupos armados, entre ellos el ELN.
A los dos días la guerrilla desmintió al presidente Petro y lo acusó de tomar decisiones unilaterales. Los negociadores del Ejecutivo salieron rápidamente a ‘apagar el incendio’ y a decir que se trataba de una pequeña diferencia, pero una vez más, fueron desmentidos y Antonio García habló de una crisis.
El trasfondo de estas tensiones es que, contrario a otras organizaciones ilegales, la agenda con el ELN involucra el diálogo sobre asuntos que van más allá de la insurgencia y la dejación de armas, e involucran poner sobre la mesa asuntos trascendentales de país, como las pensiones, la salud, la participación ciudadana y el sistema político.