Este lunes Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, empresa de consultoría especializada en riesgos globales, presentaron el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2O21, donde se evalúa la capacidad de los países de América Latina para descubrir, castigar y detener la corrupción.

En esta edición, el Índice revela además los efectos de la covid-19 en la lucha contra la corrupción en la región.

Brian Winter, vicepresidente de política de AS/COA, señaló que el CCC da cuenta de que “los esfuerzos para combatir la corrupción son más necesarios en 2021 que nunca”. Agregó que América Latina ha estado entre las regiones más afectadas por la pandemia. “Con los gobiernos bajo una creciente presión financiera y los sistemas de salud en muchos países gravemente afectados, los efectos perniciosos de la corrupción en la sociedad se amplifican”, explicó.

En el ranking que figuran 15 países, Uruguay se llevó el primer lugar con con el puntaje más alto del Índice CCC 2021, al obtener una calificación de 7,8 sobre 10. Esto significa que el país uruguayo es considerado el país donde es más probable que se detecte, castigue y prevenga la corrupción en toda la región.

A esta economía le siguen Chile, con una puntuación de 6,51, Costa Rica (6,45), Perú (5.66), Argentina (5,16), Colombia (4,81), Ecuador (4,77), Panamá (4,55), República Dominicana(4,38), México (4.25), Paraguay (4,08), Guatemala (3,84), Bolivia (2,43) y Venezuela (1,40). Reflejando, en ese mismo orden, la posición que ocupó cada país.

“La lucha contra la corrupción en América Latina sufrió una nueva ola de retrasos el año pasado durante la pandemia de la covid-19″, explica una de las conclusiones a las que llegó el estudio. Esto, reflejando que cinco países disminuyeron significativamente en sus puntajes, otros siete mantuvieron las calificaciones y los tres restantes reflejaron unos aumentos significativos en la puntuación.

La puntuación general de Colombia cayó 10 % entre 2019 y 2021, dando cuenta de una trayectoria descendente en los últimos años. En 2019 la puntuación del país se ubicaba en 5,36, el año siguiente bajó a 5,18 y este año, en 2021, su puntuación siguió a la baja con 4,81, en el puntaje general que va de 0 a 10, siendo el 10 el puntaje más alto que un país puede obtener. Así, en la última muestra del estudio, Colombia se ubicó en la séptima posición de 15 posibles.

De acuerdo con las conclusiones del estudio, esto se debe a que el país “sigue enfrentando desafíos que afectan su capacidad para combatir la corrupción”.

Son varios los factores que evalúa el Índice, y los indicadores dentro de la categoría de capacidad legal disminuyeron en su mayoría en el caso colombiano. En la variable que mide la independencia del fiscal general Francisco Barbosa, el indicador disminuyó 20 %, mientras que la independencia de los organismos anticorrupción se contrajeron 17 %.

Frente a la caída de los indicadores en mención, el estudio concluyó: “Estos retrocesos reflejan la percepción de que el presidente Iván Duque ha colocado a figuras menos independientes en puestos clave como el de defensor del Pueblo, el del fiscal general y el del procurador general, misma que fue nombrada en enero de 2021″.

“Los gastos de emergencia en el sector sanitario han dado lugar a irregularidades en las contrataciones públicas y a las denuncias de otros casos de corrupción. La transparencia en torno a estos gastos se percibe como insuficiente, lo que explica un descenso del 21 % en la variable que mide el acceso a la información pública”, explica el informe.

Colombia experimentó un aumento del 12 % en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación, en el contexto de las actuales manifestaciones en las calles en las cuales la corrupción es una de las muchas preocupaciones de los manifestantes.

De acuerdo con el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, son varios los temas críticos que deben ser monitoreados. En primer lugar, explica que el poder judicial de Colombia y en particular la oficina de la procuradora Margarita Cabello se enfrentarán a un “escrutinio continuo” de cara a la posible interferencia política que puede llegar a tener el ejecutivo.

Con miras a las elecciones presidenciales que se avecinan y para las cuales ya varios comenzaron la campaña, el CCC señala que las medidas anticorrupción serán un tema “importante” en esta contienda. Advierte que “existe el riesgo de que, con la clase política enfocada en las elecciones, los proyectos fundamentales de lucha contra la corrupción, incluyendo un proyecto de ley anticorrupción multifacético propuesto en octubre de 2020, no avancen”.

Otro tema a monitorear involucra al expresidente Juan Manuel Santos. Al respecto, el Índice señala que es posible que haya más avances en la investigación que hay en curso sobre las presuntas irregularidades que se habrían dado en la financiación de la campaña para la reelección de Santos en el 2014, “algunas de las cuales podrían haber implicado a Odebrecht”.