Habitantes del pueblo de San Miguel, zona rural del municipio de Medio San Juan, Chocó, se encuentran en alerta por constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales que operan en la zona. La disputa es generada por el control de la droga, ya que este, por su ubicación geográfica, al parecer funciona como corredor para el tráfico de estupefacientes, cultivos de coca y minería ilegal.
Los enfrentamientos de las últimas horas ente el ELN y el Clan del Golfo obligaron a 400 familias huir de la zona; manifestaron que están atemorizadas por la situación, puesto que hasta las fachadas de sus viviendas llegan las balas de fusil, y pese a que los criminales les prohibieron salir, dejaron sus hogares.
El grave riesgo para la comunidad de San Miguel fue denunciado por el Consejo Comunitario del San Juan (Acadesan). “Como lo hemos venido haciendo durante los últimos años, desde Acadesan ponemos en conocimiento de la comunidad nacional e internacional el grave riesgo que afrontan sus comunidades por cuenta de la confrontación armada y la ausencia de intervenciones efectivas por parte de las entidades civiles del Estado”, señaló inicialmente la organización por medio de un comunicado.
La entidad manifestó que, desde el lunes 12 de septiembre, se vienen presentando combates entre actores armados en inmediaciones de la comunidad de San Miguel, en el Medio San Juan. “Estos combates han generado muchísimo miedo entre la población civil, de tal manera que ya se han presentado desplazamientos forzados de algunas familias, incluso desde antes del inicio de los combates”, asevera.
Por el momento se tiene información provisional de desplazamientos desde San Miguel hacia los cascos urbanos de Istmina y Medio San Juan; y hacia las comunidades de Negría, Dipurdú, San Agustín y Cocové.
Los reportes iniciales indican daños a bienes de la población civil, incluyendo afectaciones a los cables de energía, de manera que actualmente no cuentan con este servicio en el centro poblado de San Miguel y en la mayoría de las comunidades ubicadas en dirección al municipio de Sipí.
“En este momento hay confinamiento (le han prohibido a la población desplazarse) y un alto riesgo de desplazamiento forzado masivo de la comunidad de San Miguel, en donde según el último censo habitan aproximadamente 391 familias, que suman al menos 1.058 personas entre hombres, mujeres, niñas y niños”, afirmó el Acaesan.
Aunque todas las 72 comunidades y aproximadamente 15.000 personas del Consejo Comunitario tienen alto riesgo, en este momento están en grave peligro las comunidades de Isla Cruz (Medio San Juan), San Agustín, Barranoncito y La Brisas (Sipí), que suman aproximadamente 98 familias y 429 personas. “En suma, en la zona más gravemente afectada en Medio San Juan y Sipí tenemos altísimo riesgo para cerca de 500 familias, que suman aproximadamente 1.500 personas”, asegura el Consejo.
Cabe recordar que hace tres semanas una persona de la comunidad de Isla Cruz fue víctima de un accidente con mina antipersonal, sufriendo heridas que la afectarán de por vida.
“Acaesan seguirá insistiendo en que las entidades civiles del Estado cumplan con sus obligaciones de garantizar los derechos humanos de las comunidades, no solo a la vida, libertad e integridad, sino también los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Confiamos en que este nuevo gobierno haga las cosas de manera diferente y responda de manera efectiva a las solicitudes que ha venido realizando Acaesan desde hace años, así como a las órdenes judiciales para la protección de las comunidades”, expresó el Consejo Comunitario.
Finalmente, hicieron un llamado a todos los actores armados (Armada Nacional, Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Policía Nacional, AGC, ELN), para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario, aplicando claramente los principios de distinción y precaución. Incluso, Acaesan insistió en que se opone a la realización de jornadas cívico-militares porque consideran que incrementan riesgos. “Siempre insistimos únicamente en intervenciones de las entidades civiles”, concluyó Acaesan.
De otro lado, el alcalde de Medio San Juan, Oliver Moreno, dijo que en las próximas horas se espera que lleguen más familias a la cabecera municipal de Andagoya. “Ya se había alertado de esta situación y no hubo forma de que las autoridades tomaran cartas en el asunto tempranamente”, aseguró.