El suspendido gobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalve Gnecco, fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
En el escrito de acusación presentado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema se indica que en su primer mandato, entre los años de 2012 a 2015, habría “orientado un proceso contractual para beneficiar a un consorcio específico”, omitiendo todos los principios de contratación.
En este sentido se señaló que el entonces mandatario departamental “omitió el deber de supervisar todas las fases de contratación como lo exige la ley. En su lugar delegó a otro funcionario”.
El ente investigador advirtió que el contrato 0041 de 2015, cuyo objetivo era garantizar la alimentación a los estudiantes menores de edad en las áreas rural y urbana del departamento del César, no contó con los principios básicos de licitación y ejecución.
En el escrito de acusación se señala además que se habrían presentado seis irregularidades sustanciales, “algunas relacionadas con la falta de planeación y deficiencias en los estudios previos”.
En julio de 2020, la Sala Especial de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia confirmó este lunes que el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, investigado por presunta corrupción al elector, deberá pagar una condena de cinco años y 20 días de prisión.
De acuerdo con la justicia, Monsalvo engañó con una falsa promesa a una comunidad de familias desplazadas a cambio de sus votos para convertirse en gobernador de Cesar en el año 2011. En su momento, les prometió a 800 habitantes trasladarlos a Tierra Prometida, un barrio de invasión ilegal.
Aunque fue acusado ante la Corte Suprema por parte de la Fiscalía General de la Nación, que manifestó que se trató de un engaño y un delito de corrupción al sufragante, Monsalvo Gnecco ganó las elecciones y comenzó su mandato el año siguiente, en 2012. No obstante, a los pocos meses de arrancar con sus actividades políticas, la Corte Constitucional le envió un fallo de tutela en el que le ordenaba desalojar inmediatamente a las comunidades con las que había negociado.
El alto tribunal informó a su vez que el gobernador deberá purgar su condena en prisión domiciliaria, así como pagar una multa de 301 salarios mínimos, lo que equivale a poco más de 270 millones de pesos. De hecho, en la sentencia se determinó que el presidente Iván Duque debe suspenderlo de su cargo.
“Los líderes que representa la comunidad de este sector se comprometen de manera unánime con su voto y el de toda la comunidad a mi elección como gobernador, lo cual se hará frente a una asamblea general donde se encuentre reunida la comunidad de este sector”, dice el documento.
En la actualidad Monsalvo Gnecco se encuentra con detención domiciliaria. El 28 de julio de 2020 el presidente Iván Duque Márquez suspendió del cargo al gobernador del Cesar. “Dando cumplimiento a la sentencia de fecha 24 de julio de 2020, radicación No. 49761 proferida por la Sala Especial de Primera Instancia de la honorable Corte Suprema de Justicia, suspender al doctor Luis Alberto Monsalvo Gnecco, en su calidad de gobernador del departamento del Cesar, de conformidad con la parte motiva de este decreto”, dice uno de los apartes del documento.