Visiblemente afectado y con lágrimas rodando por sus mejillas, el exsenador y exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos compareció este lunes a su primera cita con los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que lo investigan por presuntos nexos con paramilitares. Ramos tomó el micrófono y comenzó –tal y como se lo pidieron- a hacer recuento de su vida pública, la mayoría enmarcada dentro del ambiente político. “Yo soy un excandidato presidencial procesado y seguramente hubiese sido el candidato del Centro Democrático, por encima de Óscar Iván Zuluaga”. De esta manera dio inició a su primer a declaración en la que, como estaba previsto, habló acerca de un presunto cartel de testigos que aterrizó en su proceso para señalarle de vínculos con personas al margen de la ley. “Yo jamás he recibido dinero o he apoyado a algún grupo al margen de la ley. Con el único que puedo decir que estuve reunido fue con el señor Iván Roberto ('Ernesto Baez'), quien era el vocero político de las AUC delegado por el Gobierno”. Precisamente por esa reunión la Corte Suprema encontró motivos suficientes para investigarlo por ‘parapolítica’. Ramos ha dicho que esa reunión estaba autorizada por el gobierno de Álvaro Uribe dentro del proceso de desmovilización de las AUC. “La reunión no era para hacer crecer a las AUC o hacer un acuerdo. Fui como parlamentario a informarme”, dijo Ramos. Además se refirió a que en esa reunión se habló de proyectos productivos para desmovilizados y en ningún momento se habló de la Ley de Justicia y Paz. Este martes se reanuda el juicio que seguramente copará la agenda noticiosa por tratarse de quien se trata y porque durante el proceso se presentarán personajes políticos y judiciales de renombre, quienes harán claridad en las actuaciones de Ramos. En el juicio declararán más de 50 testigos, entre ellos el excongresista Carlos Alonso Lucio, quien para la época de los hechos estaba muy cerca de la desmovilización de las AUC. También los exministros Juan Camilo Restrepo y Sabas Pretelt de la Vega, quienes estaban al tanto de la implementación de la Ley de Justicia y Paz. Los exfiscales Guillermo Mendoza Diago y Mario Iguarán Arana son piezas claves en la estrategia de defensa puesto que podrían mostrarle a la Corte cuál era la posición del ente investigador respecto a las conversaciones sostenidas por Ramos con miembros de las AUC. La defensa deberá batirse a fondo. Luis Alfredo Ramos se encuentra recluido, desde septiembre pasado, en las instalaciones del fuerte militar del Cantón Norte en Bogotá.