Luis Carlos Gómez Góngora era el líder de la Sala Diamante de la Fiscalía General de la Nación, una de las oficinas en donde se desarrolla una delicada labor: la realización de interceptaciones. Y su nombre se dio a conocer a la opinión pública esta semana. La razón: es acusado de haber realizado chuzadas, de manera ilegal, a pilotos miembros de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) mientras se realizaban las negociaciones colectivas con la empresa Avianva. Le recomendamos: Antiguos agentes del DAS comprometidos en ‘chuzadas’ pueden someterse a la JEP A Gómez Góngora en su audiencia de judicialización le fue impuesta detención intramural. Sobre la detención de este se refirió el el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, este lunes en rueda de prensa. Su captura se debe a “la advertencia que han hecho los fiscales de que se habría interceptado ilegalmente al señor Julián Pinzón, quien fuera el jefe de seguridad de Acdac”, manifestó Martínez. Según indicó el fiscal, las chuzadas se habrían realizado por parte de interesados en el caso de Avianca que querían tener conocimiento de la información del sindicato de la aerolínea. Le sugerimos: Los secretos del escándalo de las chuzadas Adicionalmente, afirmó que algunas de esas interceptaciones se habrían realizado en las instalaciones mismas del ente investigador. “Eran interceptaciones ilegales so pretexto de investigar un caso de desplazamiento forzado”, por el cual “interceptaron por 30 días al jefe de seguridad aérea de Acdac”, explicó Martínez. En este momento la evaluación de los hechos ha señalado que hay otros 1.200 casos relacionados con estas chuzadas, y se están llevando a cabo auditorías a las 80 salas de la Fiscalía y de las fuerzas que cuentan con autorización para llevar a cabo interceptaciones. El dato, revelado por el propio fiscal general, no es menos que impactante. Puede interesarle: El poder “amplio y suficiente” que el ahora fiscal ‘ad hoc’ otorgó a Martínez Neira A Gómez Góngora le fueron imputados los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y falsedad ideológica en documento público, los cuales suman más de 12 años de prisión. “Estamos indagando otros casos en donde habría indicios de que se procedió de manera irregular y por eso vamos a judicializaros con el objeto de que impere y se imponga de manera condigna una sanción ejemplarizante”, afirmó Martínez.