Después de dos meses de análisis, el Consejo de Estado decidió negar las medidas cautelares que pretendía anular temporalmente la designación de Luis Carlos Leal como superintendente Nacional de Salud. Aunque el alto tribunal rechazó esa petición, la demanda sigue en firme contra el manual de competencias de la entidad que ahora lidera el exconcejal de Bogotá.
Para el alto tribunal “es posible concluir que no se acreditan los requisitos del artículo 231 de la Ley 1437 del 2011, para acceder a la suspensión provisional solicitada, en tanto de una revisión inicial del acto demandado”.
Por eso el Consejo de Estado decidió rechazar de tajo la solicitud de medidas cautelares contra Leal, pero seguirá analizando la demanda que también pone en riesgo su nombramiento porque pide tumbar los cambios que se hicieron al manual de competencias de la Superintendencia de Salud, para que pudiera llegar a liderar la entidad.
El senador de la Alianza Verde, Jhonatan Pulido Hernández, conocido como Jota Pe, fue el encargado de presentar el recurso judicial contra Leal, al argumentar que las modificaciones de dicho manual de funciones, redujeron considerablemente los requisitos mínimos exigibles para llegar al cargo de superintendente.
La demanda explicaba que “no solo disminuyó los requisitos exigidos para el cargo directivo código 030 grados 25 contemplados en la Resolución 010450 de 2018 de la Superintendencia de Salud, sino que contraviene los requisitos mínimos o bases generales que dispuso el Decreto 1083 de 2015 (norma de rango superior)”.
Pero para el Consejo de Estado, por ley, no se cumplen los términos para decretar una suspensión provisional del acto demandado, por lo que concluyeron rechazar la solicitud hecha por Jota Pe Hernández, mientras continúan con el análisis de los alegatos del documento.
Para el congresista Verde, entre los cambios más significativos, se redujeron requisitos importantes como la formación profesional y los años de experiencia, que se convertían en fundamentales para poder ocupar el cargo directivo de la entidad que vigila el correcto funcionamiento del sistema de salud de los colombianos.
Al superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, también ya lo investiga disciplinariamente la Procuraduría por las presuntas irregularidades en la “toma de posesión e intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas”, así como en la designación de su agente interventor, Dúver Dicson Vargas Rojas. Y hasta ha sido fuertemente criticado por el “sesgo” que tendría para ocupar el cargo.
La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, manifestó en SEMANA TV que “la Superintendencia de Salud está liderada en este momento por un joven activista que fue concejal de Bogotá que, claramente, no tiene la idoneidad ni la experiencia para estar en su cargo, y que, en años anteriores, hizo unas declaraciones muy fuertes en contra de, por ejemplo, Sanitas. O sea, hay un sesgo clarísimo con el que ya viene el superintendente, quien se ha expresado de manera desobligante, inclusive casi que calumnioso”.
Por su parte, Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, dijo que la intervención de Sanitas le parecía más un proceso de expropiación que una medida administrativa. “Es una cosa muy compleja. El Gobierno está decidiendo tomar el control sobre las entidades, incluso en lo que se llama la Nueva EPS (...). Me parece sumamente grave que cuando el Congreso, democráticamente, rechaza una pésima reforma a la salud, el presidente Petro saque un tuit ordenando implementar todo lo que el Congreso le rechaza”, agregó Valencia.