El excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, y los coroneles en retiro Hugo Hernán Castrillón y Jaime Joaquín Ariza Girón seguirán siendo procesados por su presunta participación en los hechos que rodearon la falsa desmovilización del frente Cacica La Gaitana, de las Farc, registrado en marzo de 2006, en el municipio de Alvarado, Tolima.
El Tribunal Superior de Bogotá, en su Sala Penal, dejó en firme la decisión que tomó el juzgado primero especializado, que rechazó la prescripción de este proceso penal, lo que hubiera representado su archivo inmediato por superarse los tiempos para seguir investigando estos hechos.
En este sentido se advierte que los procesados eran funcionarios públicos e integrantes de la Fuerza Pública. “Además, porque esa postura está en consonancia con el mayor reproche que genera la conducta de un servidor público frente a la de un particular, toda vez que el primero reposa la confianza que deposita la sociedad para que actúe de manera diligente y siempre con apego a la Constitución y a la Ley”.
En la determinación, que ordena la continuación del juicio, el Tribunal advirtió que no encuentra razones suficientes -los recurrentes, no las ofrecieron-, para avalar la petición presentada por los abogados de los acusados para prescribir el caso.
Restrepo, cuyo paradero se desconoce desde 2011, fue acusado por la Fiscalía General de tener conocimiento claro frente a los hechos que rodearon la búsqueda de habitantes de la calle, drogadictos, desempleados, trabajadoras sexuales, delincuentes comunes, entre otros, para ser presentados como integrantes de la compañía Cacica La Gaitana, de las Farc, quienes querían entregar sus armas y reintegrarse a la vida civil.
Los coroneles Jaime Joaquín Ariza Girón y Hugo Hernán Castellanos, quienes hacían parte del Ejército Nacional, sabían -según la Fiscalía- que este grupo guerrillero era inexistente. Esta farsa fue motivada por Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña; auspiciada económicamente por el narcotraficante Hugo Alberto Rojas Yépes.
Felipe Alejandro Salanzar Pacheco, alias Biófilo, fue encargado de ejercer la labor de desempeñar el papel de jefe jurídico. Fue este mismo el encargado, durante dos meses, de adoctrinar e instruir a los supuestos 66 integrantes de la compañía guerrillera para que fueran acogidos por la Oficina del Alto Comisionado de Paz para el Programa de Reinserción a la Vida Civil promovido por el Gobierno.
Por medio de la Resolución 052 del 3 de marzo de 2006 se fijó la entrega de las armas de este grupo guerrillero quienes el día de la desmovilización recibieron “injustificados e ilegales beneficios de carácter económico y jurídico”. Estos recursos fueron desembolsados por el Estado por parte del Ministerio del Interior y de Justicia; la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de al Presidencia de la República.
Este martes, la reanudación del proceso penal contra el excomisionado de paz y los coroneles se aplazó nuevamente debido al cambio del titular del despacho judicial. Debido a esta situación, y la complejidad del caso, la audiencia se reprogramó para el próximo 17 de junio.
Después de doce años, ha sido imposible dar inicio del juicio en contra de Restrepo, los dos oficiales y varios exguerrilleros debido a que se han presentado muchas largas en las audiencias preparatorias por las pruebas documentales y testimoniales que serán utilizadas dentro del proceso.
Debido a estos aplazamientos, varios de los delitos por los que fueron llamados a juicio ya prescribieron.