Dos semanas después de recuperar su libertad, tras un año de detención domiciliaria, el exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade organizó todo para tomar un vuelo privado que lo llevara de Bogotá a Estados Unidos. Antes de viajar, el exfuncionario se cercioró de que ninguna anotación judicial pudiera complicar su trámite en Emigración. Efectivamente, no tuvo allí ningún problema. Sin embargo, cuando el vuelo estaba a punto de despegar, antinarcóticos se opuso, y fue necesario que Andrade, ciudadano estadounidense, se comunicara con la embajada de Washington en Bogotá para destrabar el asunto. Luego de varias horas de retraso, finalmente se pudo marchar. En cierta forma era predecible que el exdirector de la ANI volara a Estados Unidos al recuperar su libertad. Los once cargos que en dos procesos le achaca la Fiscalía le pueden significar entre 15 y 30 años de cárcel. E interpretó como una declaración de guerra la andanada del fiscal general Néstor Humberto Martínez contra él en el sonado debate del Congreso por el caso Odebrecht. Luego llegó la escena de Andrade con chaleco antibalas y esquema de seguridad particular en una audiencia preparatoria a su juicio. El gesto mostró que está realmente preocupado por su vida. En la preocupación por su seguridad personal puede exagerar. Pero los otros argumentos, desde su perspectiva, sí pueden ser válidos. No hay duda de que el fiscal le tiene bronca. El lobby que Andrade hizo en Estados Unidos le hizo daño no solo a la imagen de Martínez, sino a la de la justicia colombiana y al Grupo Aval. Para estos, el exdirector de la ANI montó una conspiración internacional para desprestigiarlos. Él lo considera legítima defensa pues sintió que lo estaban convirtiendo en el gran chivo expiatorio del caso Odebrecht. Le sugerimos: La mala hora del Grupo Aval La noticia de su salida del país trascendió cuando su abogado, Albeiro Yepes, informó al juez en una nueva audiencia que su cliente no asistiría porque había viajado a su país para buscar seguridad y atender asuntos personales. Luego el propio Andrade publicó en su cuenta de Twitter un breve comunicado: “Viajé a Estados Unidos para disfrutar de vacaciones de Navidad en compañía de familiares y amigos. Claramente, me preocupa mi seguridad y la de mi familia ante las intimidaciones que he venido recibiendo”. Independientemente de quién tenga la razón sobre si Andrade está realmente en riesgo, nadie sabe qué va a pasar con su caso. Legalmente el asunto parece claro: ninguna norma le exige estar de cuerpo presente en las audiencias que restan. Andrade puede estar representado por su abogado incluso hasta la lectura de sentencia. Su comparecencia solo sería exigible si la Fiscalía decide solicitar otra medida de aseguramiento en su contra, escenario que no parece muy probable. Andrade condiciona su regreso a su situación de seguridad. Eso es más bien una justificación para quedarse allá. En Bogotá el gobierno le podría proporcionar una escolta y un carro blindado, pero él ha insinuado que eso tampoco lo tranquilizaría del todo. Por otra parte, ha hecho saber que seguirá atento a su proceso penal, pero eso no significa que lo vayan ver nuevamente por los despachos de Paloquemao. Podría, con la anuencia del juez, seguir las audiencias vía Skype o simplemente dejar que su abogado lo represente y le informe. Si al final del proceso Andrade resulta absuelto, volverá al país para limpiar su imagen. Pero si el veredicto lo condena y no regresa, se convertiría en reo ausente con las consecuencias que ello implica, que son, en cierto modo, las mismas que afronta Andrés Felipe Arias. El exministro está requerido en extradición por la justicia colombiana. La diferencia es que el exdirector de la ANI tiene nacionalidad gringa y la historia muestra que ese país casi nunca extradita a sus ciudadanos. Así las cosas, parece claro que Andrade no volverá a Colombia, al menos no en el corto plazo. n