“Esperamos que la familia Villegas siga cooperando”

SEMANA: ¿Qué responde frente a las críticas que dicen que la Superintendencia no ha actuado de forma contundente para defender a las víctimas de Space y demás edificios de la constructora CDO en Medellín? Luis Guillermo Vélez: Que son totalmente injustas y que parten de un claro desconocimiento de lo que ha ocurrido. En medio de la tragedia y del drama que han tenido que padecer cientos de familias, puedo asegurarle que hemos actuado de forma diligente, estricta, eficaz, solidaria y que hemos llegado hasta donde la ley nos permite. Lo que pasa es que hay diferentes problemas, y no es lo mismo el Space, que Continental Towers o Torres de Calasania. SEMANA:¿Por qué dice eso? L .G. V.: Es necesario poner cada caso en su contexto. El Space fue levantado por la constructora Lérida CDO, que hace parte, junto a otras más, del grupo CDO. Esto quiere decir que cada proyecto o edificio tiene una sociedad distinta que hoy es la directa responsable por las eventualidades que se puedan dar. Las seis torres de Space tenían 161 apartamentos. Como se sabe, esas personas, junto a los familiares de las 12 víctimas mortales, son las que hacen parte de las negociaciones para ser reparadas o indemnizadas por la constructora Lérida CDO. SEMANA: ¿Y cómo va ese proceso? L .G .V.: Cuando se desplomó la última torre, nadie sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, de forma inmediata las superintendencias de Sociedades y de Industria y Comercio y otras entidades del Estado actuamos para determinar lo que pasó y proteger a las víctimas. Nosotros enviamos las primeras visitas en noviembre del 2013 para conocer la estructura completa no sólo de Lérida CDO, sino de toda la organización liderada por la familia Villegas. A la par, hubo que desalojar las otras torres del Space y edificaciones alrededor. Los arriendos y subsidios fueron asumidos por la firma Lérida CDO. SEMANA: ¿Qué más hizo la Superintendencia en medio de tanta incertidumbre? L. G. V.: Las discusiones técnicas sobre si el resto del proyecto podía ser repotenciado o demolido tomaron mucho tiempo. Sin embargo, pocos días después del desplome, la Superintendencia se reunió con la familia Villegas. Ellos se comprometieron a poner 26.000 millones de pesos propios en un patrimonio autónomo para responder por todas las eventualidades. Eso se cumplió, y con dichos recursos se ha respondido a las víctimas. SEMANA: ¿Cuál es el estado actual de esas negociaciones? L. G. V.: Se ha indemnizado a 11 de las 12 familias de las víctimas mortales. Y, 153 de los 161 propietarios han conciliado con la constructora. Los demás están negociando. La Procuraduría y nosotros, además de otras entidades, hemos estado presentes en más de 27 sesiones de conciliación. Ese dinero ha salido de la fiducia. Es más, el lote será vendido y los recursos entrarán al proceso de liquidación judicial de Lérida CDO para terminar de pagar las indemnizaciones y responder por otras obligaciones pendientes o que puedan aparecer. SEMANA: Para un panorama tan difícil y doloroso, el saldo es positivo. L. G. V.: Por encima del dolor humano que genera este tipo de tragedias, el hecho de que el 95 % de todos los afectados ya hayan sido reparados demuestra la manera rápida, eficaz y contundente como se actuó. SEMANA: Y las víctimas de los demás edificios, ¿qué tan en peligro están de perder sus apartamentos o parte de ellos? L. G. V.: Mientras nosotros trabajábamos en el Space, las autoridades locales evaluaron los demás edificios de la firma CDO. Frente a este nuevo panorama, la Superintendencia se reunió de nuevo con la familia Villegas y pidió una relación de todos los proyectos en los que estuvo el calculista Jorge Aristizábal. Además, pidió un balance actualizado de todas las sociedades y solicitamos información sobre cómo iban a atender las eventuales contingencias. Un número importante de viviendas era de interés prioritario y estaba en construcción. Eso nos preocupaba mucho. SEMANA: Pero, ¿hay plata para responder, o no? L. G. V.: A principios del año nos presentaron un plan para capitalizar todas las sociedades dueñas de los proyectos con fin de cubrir las contingencias de los propietarios, incluida la posible repotenciación de algunos edificios. El cálculo inicial llegaba a 102.000 millones de pesos. Después, frente a la posibilidad de que algunos tuvieran que ser demolidos y frente a la posibilidad de recursos insuficientes, tomamos la decisión de iniciar de oficio un proceso de reorganización del grupo, el cual implica el embargo de todas las compañías, incluida su matriz local. También se ordenó la liquidación de Lérida CDO. Hoy, todo el grupo está intervenido y en un proceso de reorganización con el propósito de proteger a los afectados. SEMANA: ¿Se sabe cuánto puede costar todo el proceso en caso de demoliciones? L. G. V.: Nadie lo sabe aún. De los 11 proyectos afectados, en los que había 2.665 apartamentos, el panorama es el siguiente: a junio había 1.510 ocupados y escriturados a los dueños. Otros 588, de vivienda de interés social, que están próximos a entregarse porque no tienen problemas estructurales. Y los restantes, que estaban en construcción, a muchos compradores ya se les devolvió el dinero. SEMANA: ¿Entonces estamos hablando de cuántos potenciales afectados? L. G. V.: De 1.431 apartamentos que podrían estar en edificios con eventuales problemas. Incluso muchos están habitados porque la autoridad correspondiente no considera necesario el desalojo. Estamos tomando todas las decisiones para que las constructoras puedan responder. De no ser posible la repotenciación, según el promotor, muy posiblemente habría que liquidar las empresas. SEMANA: ¿Por qué la Súper no ha intervenido otras empresas que hacen parte de la familia Villegas? L. G. V.: En Colombia y en la mayoría países del mundo el patrimonio de las compañías es separado del patrimonio de sus dueños. Esto quiere decir que cada empresa responde por sus deudas con sus propios activos, no con los activos o el patrimonio de los demás, así sean parte un grupo empresarial. Por ejemplo, los acreedores de Ecopetrol pueden cobrarle solamente a Ecopetrol y no a cualquiera de los miles de colombianos que son accionistas de la empresa. Tampoco podrían cobrarle al Estado colombiano, así este sea el accionista controlante. SEMANA: Es decir, ¿hay peligro de que un número de propietarios pierdan lo que tenían en esos apartamentos? L. G. V.: El proceso de reorganización está diseñado para proteger a los acreedores a través de la conservación de la empresa en marcha. De no lograrse la viabilidad, se procede a la liquidación, en la cual normalmente hay una destrucción de valor. El promotor ha dicho que de no lograrse la repotenciación de algunos edificios, no habría recursos suficientes para atender las deudas. Todavía es prematuro especular sobre escenarios inciertos. En todo caso, la ley de insolvencia plantea la eventual responsabilidad de la matriz o controlante. Sin embargo, la responsabilidad no es automática, pues debe ser declarada por un juez y sólo cuando la sociedad en liquidación no pueda pagar. SEMANA:¿Qué opina de la venta que hicieron las socias mayoritarias de CDO, Surquesa Investments y la Fundación Santa Cruz de la Sierra, de las acciones que tenía, o de la posible fuga de recursos? L. G. V.: Se ha querido mostrar a la Superintendencia como indolente e incompetente frente a una eventual venta accionaria que afecte a las víctimas. Eso es falso, pero además debo decir que las matrices en el momento del siniestro siguen siendo responsables, sin importar los movimientos accionarios posteriores. Se lo pongo así: si una persona que se llama José mata a Ramón, así se cambie el nombre a Juan, continúa respondiendo por haber matado a Ramón. SEMANA: ¿Qué enseñanzas le quedan de todo lo ocurrido? L. G. V.: En este caso es imposible que la Superintendencia hubiese actuado de una forma más diligente y contundente. ¿Se imagina usted este proceso en la justicia ordinaria con miles de víctimas y cientos de miles de millones de deudas? ¿Con seis compañías insolventes, matrices en el exterior y 11 proyectos en problemas? Tardaría décadas en resolverse sin ninguna solución práctica. Aquí ya se ha resuelto el 95 % del problema de Space y se está trabajando en resolver los demás procesos. Esperamos que la familia Villegas continúe cooperando con los afectados. Es su deber moral.