La Procuraduría General de la Nación suspendió por 10 meses al gobernador de Magdalena, Luis Miguel Cotes. Lo hizo después de encontrar que el mandatario adjudicó la licitación de la Vía a la Prosperidad sin contar con la totalidad de los recursos ni el sustento jurídico necesario. Para el Ministerio Público, Cotes no soportó el valor del objeto del proceso de selección y puso en riesgo el ente territorial, ya que tendría que asumir la carga del valor total del contrato equivalente a 432.000 millones de pesos. En el fallo se lee que entre el 11 de junio del 2013 y el 12 de agosto del mismo año, se presentaron irregularidades en la adjudicación de la mencionada licitación sin que se hiciera la publicación completa del pliego de condiciones. La Procuraduría cuestionó además que el pliego de condiciones contenía reglas que no eran objetivas, pues se establecieron fórmulas que pudieron propiciar la presentación de propuestas con precios elevados, lo que afecta la selección objetiva y más favorable para el departamento. La decisión también incluyó al secretario privado, Rodolfo Enrique Sosa Gómez; la asesora jurídica de la gobernación Claudia Janeth Orjuela Roa. Al final el gerente de proyectos, Luis José Romero Ariza fue absuelto del cargo imputado, pues se consideró que su participación estuvo limitada a verificar el cumplimiento de los requisitos del pliego que fue diseñado y estructurado por la asesora jurídica". Pero los sancionados no se quedaron quietos y ante la procuradora delegada para la Contratación Estatal interpusieron el recurso de pelación. Este será definido en segunda instancia por la Sala Disciplinaria, es decir que el gobernador solamente cumplirá su sanción cuando se falle el recurso.