La investigación por los hallazgos en un allanamiento al Batallón de Ciberinteligencia de Facatativá acaban de tener un giro importante. El expediente reservado lo tiene la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte, Cristina Lombana, quien acaba de recibir un reporte pericial de la Dijín y de la Procuraduría que confirman las escandalosas irregularidades denunciadas por SEMANA.En el cúmulo de información extraída de discos duros, USB y teléfonos celulares, la magistrada se encontró con una publicación periodística que trata sobre ella: el artículo está relacionado con la discusión de si debe continuar o no con las investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para la magistrada, este reporte periodístico hallado en el teléfono de un oficial podría podría ser clave para ser considerada como víctima en el caso y por eso este lunes les pidió a sus colegas apartarla del proceso.La decisión de declararse impedida como presunta víctima es el menor de los dilemas que tiene Lombana. Sus colegas aún están esperando una explicación para las reuniones que sostuvo la magistrada con el alto mando militar en medio de una investigación reservada. Ella viene asegurando en la Corte que procedió apegada a la ley, pero por formalismos judiciales se espera que esta discusión se dé en el marco de las recusaciones que han anunciado las víctimas. Le recomendamos:
La información hallada en uno de los celulares va en la misma dirección de la publicación que hizo esta revista, llamada ‘Chuzadas sin cuartel‘. Desde enero, SEMANA reveló el testimonio de un suboficial del Ejército que tuvo como misión escuchar un número celular y el correo electrónico de una supuesta oficial que estaba afectando los intereses del Ejército. Resultó que el verdadero blanco era una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. “Recibimos la orden de entregar parte de la información recolectada a un político del Centro Democrático". “Cuando se comenzó a desarrollar el trabajo, nos dimos cuenta de que las comunicaciones eran de Cristina Lombana, quien había sido oficial del Ejército, pero quien es actualmente magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Preguntamos a los mandos si había un error porque se trataba justamente de una magistrada, lo cual claramente no podemos perseguir. Nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos y, lo más grave de todo, es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático”, dijo a SEMANA uno de los militares. Para probarlo mostró correos y apartes de comunicaciones personales de WhatsApp de la magistrada. Confirman esta versión documentos secretos de inteligencia en poder de SEMANA, en donde la propia Contrainteligencia del Ejército había detectado el flujo de la información adquirida ilegalmente y sus protagonistas civiles y militares. En caso de que prospere el impedimento de Lombana, el proceso quedará en manos del magistrado César Reyes, integrante de la Sala de Instrucción. Como el origen de este expediente es una preliminar contra el expresidente Álvaro Uribe, como supuesto receptor de las chuzadas del hacker Andrés Sepúlveda, no está claro quién deberá seguir realizando investigaciones que apuntarían a hechos nuevos. De hecho, en paralelo al proceso de Lombana la Sala de Instrucción abrió otro radicado en el despacho del magistrado Héctor Alarcón con el fin de investigar los hechos nuevos que se derivaron del caso de Facatativá. En contexto:
En este contexto, la Corte en los próximos días tendrá que estudiar no solamente si Lombana mantiene o no la competencia para quedarse con la investigación, sino bajo qué radicado se investigará lo que ocurrió en el Batallón de Ciberinteligencia de Facatativá.