Tras las constantes y recientes acusaciones hechas por el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez en contra de la magistrada de Justicia y Paz, Alejandra Valencia Molina, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia le manifestó públicamente su apoyo y rechazó cualquier tipo de acciones que representen una afrenta contra las decisiones judiciales.
Mancuso, quien fue nombrado recientemente gestor de paz por parte del Gobierno de Gustavo Petro, se fue lanza en ristre contra la magistrada luego que esta le negara la libertad condicional y dejara en firme las medidas de aseguramiento en su contra por diversos delitos ejecutados por los bloques paramilitares que lideró.
“La controversia mediática que promueve quien se encuentra formal y legalmente vinculado a un proceso penal no puede ser de recibo para desconocer la fuerza vinculante y la presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales adoptadas”, advierte la Corporación.
En este sentido, se asegura que al excomandante paramilitar se le han respetado todos sus derechos procesales y de defensa, por lo que no se entienden los fuertes cuestionamientos y ataques personales que ha hecho Mancuso.
“Lo anterior resulta desconcertante si se tiene en cuenta que el ataque tiene relación con una sentencia condenatoria proferida hace más de una década, acudiendo a la confrontación personal con quienes administran justicia, cuando se contó con las garantías procesales adecuadas para defenderse en derecho de los cargos las pruebas acusadas”, precisa uno de los apartes del comunicado.
Finalmente, se hace un llamado a la “sensatez la cordura” para que se respeten las decisiones judiciales “trascendentales para superar décadas de conflicto”, señalando que la Constitución Política y la ley cuentan con una serie de mecanismos para presentar los recursos cuando no se está de acuerdo. Por eso insisten en que hay que respetar la separación de poderes y no realizar “ataques personales desfasados y carentes de rigor”.
El pasado 31 de julio, en una misiva de cuatro páginas, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez se fue lanza en ristre contra la magistrada de la sala de Justicia y Paz, Alejandra Valencia, quien firmó recientemente la decisión que revocó el fallo que suspendía las órdenes de captura que existían en contra del otrora jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En la carta enviada a los presidentes de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura, así como al fiscal general de la nación, el excomandante paramilitar llama la atención por lo que considera una campaña en su contra tras ser designado como gestor de paz por parte del gobierno de Gustavo Petro.
“Eso no parece una coincidencia, sino una campaña mediática diseñada para influir y condicionar las decisiones de la JEP, la Corte Constitucional y del Gobierno Nacional”, reseña Mancuso al cuestionar la decisión judicial y las declaraciones hechas recientemente por la magistrada, quien advirtió la necesidad de que el excomandante paramilitar siga compareciendo a los procesos que tiene pendientes.
El exjefe paramilitar aseguró que ya lleva 17 años privado de su libertad en los Estados Unidos, hecho por el cual ya cumplió la sentencia de ocho años de cárcel que le impuso la Sala de Justicia y Paz por los hechos que ejecutó durante el conflicto armado. Por esto niega que exista una opción para no seguir compareciendo ante las autoridades.
“Durante 17 años, he participado en casi 3000 audiencias judiciales desde el exterior, como lo permite el artículo 39 de la Ley 975, atendiendo los requerimientos de las autoridades judiciales del país y, en consecuencia, honrando mis compromisos con la justicia colombiana. Esta participación permanente ha sido posible, incluso, en las condiciones más difíciles de privación de libertad en los Estados Unidos”, alegó en la carta.
En otro de los apartes, cuestiona el hecho de que la magistrada haya catalogado como “poco novedosa” la información que entregó recientemente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), asegurando que se desconoce lo que mencionó y la independencia de poderes que existe en Colombia.
“Esta conducta no es simplemente indelicada, es una interferencia flagrante en una justicia prevalente, que traspasa los límites de la independencia de la justicia y su función judicial, demostrando una desconexión palpable con la metodología y la ruta de trabajo establecida por la JEP. Sus afirmaciones reflejan una falta de conocimiento y comprensión en el proceso, desestimando, por ejemplo, lo que hemos presentado bajo el enfoque de macro criminalidad, que en Justicia y Paz fue descuidado reiteradamente en sus fallos”, señala en otro aparte de la carta.
Finalmente, desmiente las versiones de la magistrada y asegura que jamás ha emitido una amenaza en su contra. En este sentido, señaló que, de haberlo hecho, el trámite normal hubiese sido solicitar su exclusión de los beneficios de esta ley creada tras la desmovilización de los paramilitares. Por ahora, asegura, esto no se ha pedido.
Por esto, Mancuso pide que se le remita un informe, de existir, frente a las denuncias o compulsas de copias hechas por la magistrada en su contra en referencia a las amenazas que supuestamente ha emitido en su contra.
“Defender con vehemencia mis derechos no equivale a una amenaza. Si la magistrada encuentra o puede demostrar una amenaza de mi parte, debe obrar de acuerdo con la ley y solicitar mi exclusión de Justicia y Paz; de lo contrario, lo que se constituye es un acto de estigmatización de quienes, como yo, hemos despuesto las armas, admitido nuestras equivocaciones y buscado resarcirlas dentro de las reglas impuestas por una sociedad democrática y en un Estado de derecho”.
Incluso, fue más allá y aseguró que la misma magistrada ha emprendido una serie de presiones en su contra para afectar su proceso en la JEP y el estudio de la tutela ante la Corte Constitucional en la que reclama por la privación injustificada de su libertad en los Estados Unidos.
“Su intervención en asuntos políticos y diplomáticos, que claramente excede su capacidad oficial y viola el principio fundamental de imparcialidad y separación de poderes, intenta influenciar decisiones de instituciones y países soberanos, asunto que debe ser tratado con la mayor seriedad”.