La magistrada de la Corte Constitucional, Natalia Ángel Cabo, le solicitó a la Sala Plena que amplíe el plazo para la firma de la sentencia por medio de la cual se fijó el regreso de la presencialidad para los juicios orales en materia penal.
En un documento, la magistrada manifiesta la necesidad de realizar unos ajustes a la redacción de la sentencia C-134 de 2023. “Por cuanto la ponencia original requiere reajustes que corresponden a los argumentos acordados por los magistrados en la sesión del 3 de mayo del 2023″.
El pasado 10 de mayo se formalizó la posición de la Corte Constitucional para ponerle un punto final a la virtualidad, que empezó a regir en medio de la cuarentena por el covid-19, en las audiencias que se adelanten dentro del Sistema Penal Acusatorio. En este sentido, según se pudo establecer, se manifestó la necesidad de brindar de espontaneidad las declaraciones de los testigos y blindar más garantías al proceso.
Por esto, a partir de la notificación del fallo, será obligatorio el regreso a la presencialidad en las etapas del juicio oral. Los casos de justicia civil, familia, administrativos, entre otros, tendrán modalidad hibrida y será el respectivo juez o magistrado el que defina si estos se adelantan de manera presencial o continúan con la virtualidad.
El pronunciamiento no les sentó muy bien a varios abogados penalistas, quienes aseguraron que era un regreso a un pasado marcado por los aplazamientos, suspensiones de última hora, fallas en el traslado de los procesados desde los respectivos centros carcelarios, entre muchas otras fallas, que entorpecían los procesos penales antes de la pandemia.
“El juicio oral, salvo que caiga otra pandemia, debe hacerse presencial. Se fueron las garantías de las víctimas de la comunidad, de las personas en condición de discapacidad, las madres o padres cabeza de hogar”, aseguró el abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.
Corte Suprema apoya la presencialidad
Tras conocerse la decisión, y en medio de la polémica, la Corte Suprema envió un escueto trino en el que apoyaba la decisión de la Corte Constitucional para que las audiencias de juicio oral fueran presenciales.
El presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, Hugo Quintero Bernate, le hizo un fuerte llamado de atención a los profesionales del Derecho. “Yo llamaría a los abogados que están protestando contra este tema a que piensen en la justicia, como nosotros los funcionarios tenemos que pensar, como un servicio público y no como un negocio”, aseguró en diálogo con el noticiero CM&.
Para el magistrado, no han sido pocos los casos en los que los abogados han atendido audiencias en situaciones que afectan la solemnidad de la justicia. Entre estos casos se encuentran juristas desde un vehículo en movimiento, en la playa, al lado de una piscina, e incluso bañándose o con una toalla.
En este sentido, reiteró la posición para que las audiencias virtuales sean más la excepción que la regla en estos momentos, puesto que la justicia siempre ha sido presencial. “Nosotros creemos que los juicios virtuales a veces le quitan solemnidad al acto de administrar justicia”, detalló el magistrado Quintero al enumerar los problemas que ha traído la virtualidad.
Entre estos, se destaca el hecho que el principio rector de la espontaneidad para los testigos se ha visto afectado, puesto que en muchos casos, se ha visto cómo leen su declaración y esto es imposible de controlar en la virtualidad. “Los testigos deben ser espontáneos, deben rememorar por sí mismos lo que vieron. Hemos notado en la práctica que algunas oficinas de abogados han invertido más en teleprompter que en abogados para efectos de los testigos”.
Finalmente, en la entrevista, el magistrado aclaró que, según las cifras, el 80 % de los aplazamientos de las diligencias judiciales son por las maniobras dilatorias de los abogados.