La Corte Constitucional acaba de tomar una decisión definitiva frente a uno de los temas más sensibles: el futuro de uno de sus integrantes. Con una votación de 6 contra 3, fue derrotada la ponencia de la magistrada Gloria Ortiz que pedía que fuera anulada la elección del magistrado Alberto Rojas El pleito comenzó desde su posesión y una posterior demanda en el Consejo de Estado. Allí, la Sección Quinta le ordenó en 2014 hacerse a un lado. Así, durante 10 meses y 20 días su cargo quedó en el congelador. Sin embargo, una tutela le permitió al abogado volver. Pero ese ‘salvavidas‘ de ayer se le convirtió en su amenaza de hoy.La tutela fue seleccionada para revisión por una sala conformada por sus propios colegas en la Corte Constitucional. El caso está desde el 31 de julio de 2015, pero solo hasta ahora se vislumbra una decisión. La discusión jurídica gira en torno a la forma como fue seleccionado por el alto tribunal.En contexto: El profundo impacto del fallo de la Corte contra Cerro MatosoEn ese momento, en las altas cortes se vivía una especie de parálisis por cuenta de que no se seleccionaban rápido los magistrados. Para el caso de la vacante de Rojas, el Consejo de Estado había ya discutido en 13 salas sin llegar a un acuerdo. Al final, los magistrados decidieron cambiar la metodología: en lugar de votar secretamente lo hicieron poniéndose de pie. Ese cambio en las reglas es lo que discutieron hoy los magistrados.De manera inédita, siete colegas de Rojas en la corte votaron por su futuro en el alto tribunal. Tuvieron que ser llamados dos conjueces, Catalina Botero y Juan Ramón Martínez, que terminaron votando en favor de que el magistrado Alberto Rojas se quedara en su despacho. La decisión no fue fácil. En primer lugar era la primera vez que en ese alto tribunal una tutela definía la suerte de uno de ellos. Y por eso, el primer tema a tratar fueron los impedimentos sobre quiénes pueden participar en esa decisión. Por cuenta de la renovación que hubo en la Corte Constitucional, ese enredo se destrabó.¿Qué decía la ponencia? La magistrada Gloria Ortiz consideraba que se debía anular el nombramiento del magistrado. Según su tesis, el Consejo de Estado no puede transgredir dos normas básicas contenidas en su propio reglamento: la votación secreta y las mayorías necesarias para elegir. Ortiz aseguraba que la decisión de tutela de la Sección Quinta que lo sacó de su cargo no fue arbitraria ni violatoria del derecho al debido proceso. Agregó que aunque existiera la posibilidad de acudir a fórmulas para que los procesos electorales no quedaran estancados, esto no implicaba que se pudieran plantear alternativas que violaran el voto secreto. Para ella, esto desconocía las garantías institucionales a la transparencia, la independencia y la autonomía de los jueces.Puede leer: "La Corte ya no se divide en blancos y negros": LinaresLa decisión sobre el caso Rojas resulta definitiva para mantener intactas las cargas dentro de la Sala Plena. Él hace parte del bloque de magistrados jugados con los acuerdos con las Farc. En recientes decisiones, este sector solamente ha contado con 5 votos por cuenta de los impedimentos de algunos magistrados.Y son cuatro los asuntos cruciales que quedan por pasar su examen: el decreto ley que establece las reglas para el inventario de bienes y activos de las Farc, la revisión a la Ley Estatutaria que reglamenta la JEP, la reforma rural y en unos meses el reglamento de la JEP.