El general en retiro Rito Alejo del Rio podría perder el beneficio de libertad que le otorgó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 19 de septiembre de 2017. En las últimas horas, el magistrado Gustavo Adolfo Salazar, correlator del Caso 06 que investiga la ‘victimización de miembros del partido Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado’, le solicitó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que revoque el beneficio de libertad transitoria y condicionada al excomandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional.
La petición hace referencia al nulo aporte a la verdad que ha hecho el general en retiro en medio de las sesiones. En repetidas oportunidades el oficial ha manifestado tener conocimiento sobre la persecución a militantes del mencionado partido político que fue conformado tras la firma de los llamados acuerdos de La Uribe, Meta, el 28 de mayo de 1985 entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc.
“Teniendo en cuenta que los beneficios provisionales no son permanentes, si no que estos están condicionados al cumplimiento de los compromisos asumidos ante la JEP y en el presente asunto del señor Del Río Rojas no ha cumplido con sus obligaciones de aporte a la verdad”, señala uno de los apartes del fallo de 50 páginas firmado por el magistrado Salazar.
En la valoración del caso, el magistrado advierte que durante todas las sesiones Del Río ha tomado una actitud negacionista frente a los hechos por los que fue convocado. Por lo que concluyó que el oficial “ha faltado a la confianza y a los compromisos que suscribió con la JEP pues como ya se mencionó su contribución al esclarecimiento de la violencia letal contra la unión patriótica y al conflicto armado en el Urabá entre 1995 y 1997 mientras fungió como comandante de la Brigada XVII es nula”.
En este punto se indica que la actitud del oficial en retiro “conduce a que necesariamente deba ser revocado, de manera inmediata, el beneficio provisional de libertad que le fue concedido por el Tribunal Superior de Bogotá el 19 de septiembre de 2017″. En este sentido se advirtió el “incumplimiento grave” del general en retiro “con las finalidades de la transición, y en especial con los derechos de las víctimas”.
El general se sometió a la JEP mientras purgaba una sentencia de 25 años y 10 meses de prisión por el asesinato del líder chocoano Marino López Mena, ocurrida el 27 de febrero de 1997 en el municipio Riosucio, Chocó, por parte de grupos paramilitares con el apoyo de militares.
“Había una alianza macabra entre las AUC y el Ejército contra la guerrilla, pero sin considerar a la población civil. No se entiende cómo estando en el mismo territorio, el Ejército no combatió a los paramilitares. Pero cómo combatir a aquellos que nos están apoyando y con quienes se tiene un acuerdo”, indicó el fiscal del caso en su momento.
El general en retiro también está siendo investigado por su participación en la masacre de Mapiripán, en el departamento de Meta, cometida por los grupos paramilitares y también por la muerte del periodista y humorista Jaime Garzón, registrada el 13 de agosto de 1999.