El 9 de diciembre, a pocos días de comenzar la vacancia judicial, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá Leonel Rogeles Moreno cobijó a uno de sus colegas con detención domiciliaria. A Carlos Alberto Vargas Bautista, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, le fue impuesta medida de aseguramiento mientras es procesado por presuntos hechos de corrupción cometidos mediante sentencias judiciales firmadas por su despacho. En total se le señala de la comisión de diez delitos de cohecho, prevaricato por acción y omisión, y concierto para delinquir. Junto a él fue capturada Kelly Andrea Eslava, abogada que litigaba casos ante su despacho sin que mediara impedimento alguno de parte del magistrado; ella además de ser representante de las partes en los procesos era pareja sentimental de Vargas. Al magistrado le endilgan dos casos en los que se habría desviado de su función pública para favorecer a terceros: la reparación directa por el humedal Jaboque y el pleito entre la empresa Soporte Vital y el Hospital de Ubaté. La audiencia para solicitud de medida de aseguramiento se prolongó varios días desde finales de noviembre, pero aún así, al filo de las vacaciones el tribunal alcanzó a emitir la orden de prisión domiciliaria. Le recomendamos:
De entrada, la decisión del Rogeles causó extrañeza para la Fiscalía pues se suponía que un procesado por corrupción, y más tratándose de un alto representante de la justicia, no debía acceder a la casa por cárcel, según lo consagra el artículo 39 de la ley 1474 del 2011. No obstante, el magistrado no cambió su veredicto y solo le adicionó una restricción que le impida comunicarse con los testigos que comparecen ante el ente investigador, siempre y cuando no se afecte su derecho a la defensa. La última anotación en la página web de la Rama Judicial es del 19 de diciembre; en esta se señala que la orden impartida por el magistrado fue informada al Inpec, al Consejo de Estado y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial. Todo parecía estar dentro de lo normal, de no ser porque el Instituto Carcelario que debía quedar a cargo de la vigilancia del magistrado dice que nunca fue informado. SEMANA consultó con el Inpec, entidad que aseguró que el magistrado no ha sido puesto a su disposición. "El trámite de rigor para domiciliaria implica que el juez lo envía a La Modelo o La Picota, donde le hacen la reseña. De allí es trasladado a su casa para que cumpla con la medida de aseguramiento", explicó una fuente de esta entidad. Pero en el caso del magistrado este protocolo no se cumplió. Un allegado a Vargas que pidió reserva de su identidad aseguró que desde que se impartió la orden, el magistrado Vargas ha estado en su domicilio. Sin embargo, hay otro enigma alrededor de la dirección donde el Inpec debería ejercer la vigilancia a Vargas, pues ninguna autoridad consultada por este medio de comunicación tiene conocimiento de cuál es el domicilio identificado por el tribunal para que el magistrado espere su siguiente etapa judicial, que es el llamado a juicio. Carlos Alberto Vargas es hermano de otro jurista que también afronta graves cargos de corrupción. Se trata de Alcibiades Vargas, quien fue magistrado del Tribunal Superior del Meta, desde donde habría favorecido a comandantes organizaciones criminales con decisiones judiciales. La situación judicial del exmagistrado del Meta se le complicó aún más a finales del 2019 con los nuevos cargos que imputó la Fiscalía.En contexto: