El viernes 31 de enero fue un día excepcional en la Corte Constitucional. Tres de sus magistrados, Jorge Iván Palacio, Nilson Pinilla y Gabriel Mendoza, se levantaron antes del amanecer y llegaron a las 4:30 de la mañana al aeropuerto militar de Catam. Dejaron la corbata y salieron en pinta de safari. La cita que tenían era muy especial. En la profundidad del parque Yaigoje Apaporis, cientos de indígenas makunas y tanimukas los esperaban desde hace semanas. Habían viajado en lanchas, algunos durante varios días, porque la tutela que tienen que resolver los togados les puede cambiar la vida para siempre. Los magistrados no suelen ir a la casa de las personas que ponen una tutela, menos si esta es en la mitad de la selva. Pero decidieron trasladarse a la maloca de los makunas después de leer la historia de un parque natural, del tamaño de Puerto Rico, que es el resguardo de 19 pueblos indígenas y, con ellos, de los secretos de las culturas de la selva. El parque, que ocupa territorio de los departamentos de Amazonas y Vaupés, tiene el nombre de Yaigoje, que significa en su lengua ‘remanso del jaguar’, y del río Apaporis, que lo atraviesa. Allí existe un lugar sagrado que se llama Yuisi, o el Chorro de la Libertad, una caída de agua en donde los indígenas creen que fue el origen de la humanidad y justo en donde Ingeominas le otorgó a la empresa canadiense Cosigo Resources un título minero para extraer oro, apenas unos días después de que este territorio fue declarado parque. Ahora a la Corte le corresponde decidir quién tiene la razón: si quienes aseguran que fue primero declarado el parque y por ende no se puede explotar el oro, o los que alegan que los pobladores tienen el derecho a decidir si hay mina o no.“Yuisi es tan sagrado que los indígenas pasan y ni siquiera miran las piedras que hay allá. Está prohibido hasta pescar y nadar”, cuenta Martín von Hildebrand, director de Gaia Amazonas. Agrega que los indígenas saben que tienen ese metal precioso, pero no han intentado sacarlo porque “creen que el oro es del mundo de abajo y puede traer desgracia a su pueblo”. Los mismos makunas cuentan que todas las comunidades indígenas que tenían oro se extinguieron en la Colonia y que ellos no quieren que les pase lo mismo. El problema es que no todos los habitantes del Apaporis están de acuerdo con los makunas. Cuando la fiebre del oro llegó a esas tierras, los indígenas se dividieron y cinco de los 19 pueblos crearon una disidencia. Un colono de nombre Benigno Perilla puso una tutela, pues considera que en la creación del parque no se consultaron a todas las comunidades indígenas.“Decidimos viajar allá porque no hay justicia si no conocemos lo que piensan las comunidades”, afirma el presidente de la Corte, Jorge Iván Palacio. Este no es el primer viaje que hacen los magistrados, pero sí es el más guerrero. Palacio explica que el alto tribunal ha intentado no decidir desde un escritorio en Bogotá cuando se trata de comunidades étnicas que tienen otra forma de ver el mundo. Los tres magistrados ya habían ido a Dibulla, en La Guajira, para fallar un caso en el que los indígenas de la Sierra Nevada se oponían a la construcción de un puerto.La minera canadiense Cosigo, que opera en Vaupés y en Brasil, lleva cinco años lidiando con este caso luego de que le dieron el título minero en 2009. Aseguran que esa región hace parte del “cinturón de oro de Taraira, uno de los más grandes e inexplorados distritos de oro del mundo”. En el mundo ambiental, sin embargo, el caso ha generado mucha preocupación. La ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, afirma que sería “muy grave que un interés particular pueda tumbar un parque nacional”. Explica que lo más valioso de estos lugares es que la Constitución garantiza que son a perpetuidad, y que se si pierde ese carácter, se abriría una puerta para que otros megaproyectos económicos pidan lo mismo. El gran explorador canadiense Wade Davis, quien escribió el libro El río sobre su travesía por esas tierras, fue más tajante: “Una mina en el Apaporis es como un pozo de aceite en la Capilla Sixtina”.