La designación del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez como gestor de paz ha recibido todo tipo de cuestionamientos. Desde muchos sectores consideran inapropiado el anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro, puesto que, hasta la fecha, no se sabe cuáles serán las funciones del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) quien actualmente se encuentra privado de su libertad en una cárcel de los Estados Unidos.
Pocos días después de conocerse la designación, SEMANA reveló en exclusiva un fallo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que negó otorgarle la libertad a Mancuso, tumbando de esta forma la decisión judicial que suspendía las órdenes de captura vigentes que existían en su contra.
En diálogo exclusivo con SEMANA, la magistrada de la Sala de Justicia y Paz, Alexandra Valencia, explicó que se evaluó la situación del excomandante paramilitar y la necesidad de tomar decisiones dirigidas a proteger los derechos de a las víctimas del paramilitarismo a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Debido a la doble nacionalidad del excomandante paramilitar existía la gran probabilidad de que, una vez dejado en libertad en los Estados Unidos, podía ser deportado a otro país diferente a Colombia, hecho que iría en contravía de los derechos de las víctimas. “Decidimos garantizar su comparecencia al país para que asuma presencialmente su responsabilidad respecto a los cientos de crímenes”.
En este sentido detalló que Mancuso comandó cuatro grandes estructuras de las AUC: los Bloques Norte, Córdoba, Montes de María y Catatumbo cuyas acciones dejaron a su paso miles de víctimas. “Entendemos a partir de las propias argumentaciones de la defensa y del señor Salvatore Mancuso que su interés es alcanzar un asilo en los Estados Unidos, según entendimos de sus intervenciones, habría invocado la convención contra la tortura”.
Debido a la complejidad del caso, se hace necesaria la presencia constante del excomandante paramilitar en el país para que atienda y responda por los procesos que se adelantan.
La magistrada reconoció directamente que la extradición tanto de Mancuso como de varios excomandantes paramilitares afectó la continua realización de audiencias en ese tribunal conformado tras el proceso de desmovilización en el año 2006. Esto porque los horarios eran muy distintos, había problemas para realizar las respectivas conexiones y muchas veces las versiones quedaban incompletas.
“Fue un accidente desafortunado para el esclarecimiento de la verdad respecto de postulados que ocuparon rangos de Estado Mayor Conjunto del paramilitarismo en el país. Es decir, fueron personajes muy relevantes en la historia violenta del país”.
No es una versión novedosa
En la entrevista, la magistrada se refirió a las declaraciones hechas por Mancuso en marzo pasado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en las cuales, durante tres días, detalló la forma en cómo se conformaron las Autodefensas, el apoyo que recibieron para su financiación y expansión, así como las acciones que adelantaron en el territorio nacional.
Sin embargo, destacó, mucho de lo dicho durante esas cuatro sesiones ya estaba narrado en los diferentes fallos judiciales que se han emitido en los últimos años en contra del excomandante paramilitar. “Lo que fue presentado mediáticamente como novedoso fue conocido ya y registrado en decisiones judiciales”.
Por dar un ejemplo, se tiene que en 2014 ya se había hecho referencia a los hornos crematorios de Juan Frío. “Referimos, estudiamos y presentamos las compulsas de copias ante la Fiscalía respecto de los terceros señalados por el señor Mancuso como redes de apoyo en el conflicto. En la decisión del 11 de agosto del 2020 transliteramos las versiones libres con las que contaba la Fiscalía donde se hace referencia a personas de la vida pública nacional que fueron citados por Mancuso”.