Por ahora, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez deberá seguir privado de su libertad en la cárcel La Picota. Pese a que un magistrado de la Sala de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá, había decidido levantar las 57 medidas de aseguramiento que existían en contra del exjefe de las AUC, la existencia de tres sentencias condenatorias por hechos registrados durante el conflicto armado interno frenaron todo el trámite.
El mismo magistrado, tras resolver otra de las peticiones de la defensa de Mancuso, determinó que no cuenta con las competencias para resolver la suspensión de la ejecución de estos tres fallos condenatorios. Estos requerimientos judiciales fueron emitidos por jueces de Bogotá, Montería y Valledupar por una veintena de delitos.
Frente a esto, serán juzgados los que deben definir de manera individual si se suspenden o no estas medidas e incluso la orden de captura que existe. La defensa de Mancuso deberá presentar sus requerimientos ante los jueces de ejecución de penas de estas ciudades para pedir que se revise la situación del excomandante paramilitar y si se suspenden los efectos de las sentencias.
La defensa de Mancuso presentó recurso de apelación al señalar que Justicia y Paz tiene todas las competencias para revisar la suspensión de los efectos de estas decisiones judiciales. Desde el pasado 27 de febrero, tras ser deportado por las autoridades de los Estados Unidos tras cumplir una condena por narcotráfico, el excomandante paramilitar se encuentra privado de su libertad en una celda de máxima seguridad en la cárcel La Picota, de Bogotá.
En la decisión tomada el pasado jueves el magistrado de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá, le fijó seis condiciones a Mancuso. Entre estas se encuentra el hecho que no puede portar armas de uso personal o uso privativo de las Fuerzas Militares.
Igualmente, deberá cumplir sus compromisos con la reparación de las víctimas de los grupos paramilitares; así como atender todas las citaciones hechas por las autoridades judiciales en los procesos.
El magistrado le ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar la situación de seguridad del exjefe de las AUC para brindarle un esquema de protección. Además, se le envió un oficio a la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN).
“La primera para que se preste debida, puntual, principal seguridad al señor Salvatore Mancuso Gómez, pues es claro que se trata del máximo comandante, para bien, desmovilizado, postulado y acogido a este proceso de justicia transicional”, señaló el magistrado.
“Entonces, la Dirección Nacional de Protección no ahorrará esfuerzos logísticos para garantizar la seguridad del postulado. Así se oficiará”, señaló el magistrado.
En la actualidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional evalúa un conflicto de competencias entre Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para resolver las solicitudes de libertad elevadas por la defensa de Mancuso.
El Gobierno de Gustavo Petro designó en noviembre pasado a Mancuso como “gestor de paz” para el proyecto de la Paz Total, situación que generó fuertes críticas.