Después de cuatro meses de que el conflicto de jurisdicciones llegara a la Corte Constitucional, se definió finalmente que los procesos del excomandante de las AUC se deben quedar en la Sala de Justicia y Paz, por la competencia plena que tiene por su condición de haber sido paramilitar.
La ponente del caso fue la magistrada Diana Fajardo, quien desde abril recibió por reparto el caso para resolver el conflicto de competencias que existió entre la Sala de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El origen de tal conflicto fue sobre la definición de la libertad del excomandante de los paramilitares mientras permanecía recluido en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá.
Apenas el exjefe paramilitar regresó a Colombia en febrero de este año, el cuerpo del Inpec lo dejó bajo custodia en dicha prisión y ahí empezó una larga discusión jurídica entre Justicia y Paz (creada en la desmovilización de los paras) y la Jurisdicción Especial de Paz (creada en la desmovilización de las Farc).
Un mes después de su retorno, la Sección de Apelación de la JEP se quedó de forma exclusiva con el sometimiento del excomandante de las AUC y tomó poder preferente en las investigaciones contra Mancuso por los crímenes cometidos durante el conflicto armado entre los años 1988 y 2004.
De inmediato, Justicia y Paz saltó a reclamar la competencia que tiene sobre los procesos contra Mancuso y, en una decisión que resolvió dejarlo en libertad sobre 14 órdenes de captura que tenía vigentes, el magistrado José Manuel Bernal advirtió que existía un conflicto de jurisdicciones con la JEP.
El magistrado Bernal señaló: “Fungiendo como magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, resuelve: afirmar la competencia de este tribunal y despacho para tramitar y decidir lo alusivo a las sustituciones de medidas de aseguramiento de los postulados, sometidos a este proceso de justicia transicional”.
Así fue como el caso terminó llegando a la Corte Constitucional para que la magistrada Diana Fajardo, expresidente del alto tribunal, recogiera toda la información necesaria para definir el futuro de Mancuso en la Justicia. Mientras se tomaba esa decisión, el exjefe paramilitar recobró su libertad después de pasar 18 años en distintas prisiones.
Apenas recobró su libertad, el ministro del Interior, indicó: “Hay que respetar esa decisión. Lo que he escuchado en las declaraciones del señor Mancuso es su compromiso con la construcción de la reconciliación en Colombia, y creo que todo eso ayuda”.
Con su regreso a la libertad, Mancuso empezó a ejercer el rol de gestor de paz que le asignó el gobierno de Gustavo Petro y, de paso, asistió hasta la Corte Suprema de Justicia para rendir su testimonio en el proceso contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, quien ha sido vinculado con grupos paramilitares.
Mientras pasó todo este trasegar, la Corte Constitucional decidió que todos sus procesos se debían quedar en Justicia y Paz por su condición de exparamilitar. Por lo anterior, queda una gran incógnita sobre la colaboración que estaba brindando el excomandante de las AUC sobre su rol como “bisagra” para que los paramilitares operaran de la mano con las fuerzas armadas de Colombia.