El coronel (r) Benjamín Núñez Jaramillo pagará una condena de 29 años de prisión por su participación y responsabilidad en los hechos que rodearon la retención, las amenazas y los actos de tortura en contra de Carlos Alberto Ibáñez, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz, quienes fueron señalados de ser parte del Clan del Golfo.
Sin embargo, las familias de las víctimas han denunciado que los abogados del coronel Núñez han pedido una serie de beneficios para su apoderado con los que no están de acuerdo y han realizado marchas y protestas exigiendo que la pena se cumpla.
De los 29 años de condena el coronel podría recibir una rebaja del 50 % y aparte pasaría ese tiempo en un cantón militar, pero los familiares de los jóvenes señalan que como cualquier otro responsable de homicidio debería seguir recluido en un centro carcelario.
Los abogados de Núñez, según los mismos familiares de las víctimas, habrían solicitado a las autoridades los beneficios bajo el argumento de supuestas amenazas en su contra en la cárcel La Picota, en Bogotá, donde se encuentra privado de la libertad.
¿Acuerdo con la Fiscalía?
Los jóvenes fueron retenidos en la tarde del 25 de julio de 2002 en zona rural del municipio de Chochó (Sucre) y montados a la fuerza en una patrulla de la Policía donde fueron golpeados en repetidas oportunidades hasta causarles heridas mortales.
Así lo determinó la jueza cuarta de conocimiento de Sincelejo que avaló el preacuerdo que firmó el oficial con la Fiscalía General, por medio del cual aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, manipulación o alteración de material probatorio y privación ilegal de la libertad.
Igualmente, se comprometió a entregar información a las autoridades y a los otros entes de control en las investigaciones penales y disciplinarias que se adelanten sobre estos hechos.
En el análisis del preacuerdo presentado por la Fiscalía General se advirtió que la negociación realizada se ajusta a la ley, rechazando así las peticiones presentadas por la Procuraduría General y los abogados de las víctimas. “No se vislumbra ninguna anomalía”. El coronel Núñez tendrá que pagar una multa de cien salarios mínimos legales vigentes (unos cien millones de pesos) y la inhabilidad de 29 años para ejercer funciones públicas.
“Existe evidencia [de] que ha colaborado con la justicia [...], aun en detrimento de su situación jurídica [...]. Informó a la Fiscalía de ciertas circunstancias que le produjeron que el 26 de octubre de 2022 la Fiscalía le adicionara a la imputación el delito de falsedad en documento público. Así mismo, sumó un supuesto fáctico que configuraba el ocultamiento de elementos materiales probatorios”, precisó la jueza.
En el análisis, rechazó los cuestionamientos que presentaron los abogados de las víctimas acreditadas, puesto que es claro que las declaraciones del coronel Núñez han permitido identificar el papel de los otros policías y esclarecer los hechos.
El oficial se comprometió a ser testigo de cargo en los procesos que se adelantan contra otros uniformados y podría vincular a otras personas que participaron en estos hechos.
El coronel Núñez, quien se encuentra privado de la libertad desde el pasado 14 de septiembre, reveló lo que ocurrió con los tres jóvenes y el retén en el punto conocido como La Garita, en el municipio de Chochó. Fue, precisamente, en una intersección que comunica tres municipios en el departamento de Sucre, tras acusarlos de ser parte de la banda criminal que supuestamente había ejecutado un plan pistola en contra de los policías en la región.
Fue el coronel, según la Fiscalía, quien tomó la decisión de montarse en el platón de la camioneta de la Policía, donde llevaban a los jóvenes capturados, y fue el oficial quien ordenó tomar una vía alterna al camino, supuestamente al hospital de Sincelejo, y en ese trayecto asesinó a los tres jóvenes.