En Colombia, cada que se presenta un problema que parece no tener una solución aparente surge siempre la misma fórmula de solución: una Asamblea Nacional Constituyente. Estos últimos días, en que el país ha vivido una inmensa tensión, esa idea ha regresado con fuerza. Las razones son evidentes. Las protestas han dejado ver que existe un enorme descontento con el Gobierno y han sacado a flote que existen muchas razones que motivan ese malestar.
Si en un comienzo algunos pensaron que la protesta residía en que no había una razón sino muchas para marchar, las diversas motivaciones terminaron siendo justamente la fortaleza de la movilización que comenzó el jueves pasado y que se ha extendido hasta este domingo. Por otro lado, los desmanes, promovidos por una minoría, han generado temor en quienes no participan de las manifestaciones. La mezcla de todos esos factores, sumados al poder difusor de miedo en que se convierten las redes sociales, han hecho que muchos colombianos piensen que el país está en un punto de quiebre y requiere una intervención que promueva un giro por las vías institucionales.
El primero que propuso que ese giro fuera la constituyente fue el alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero. "El andamiaje institucional actual no permite llevar a cabo las reformas que requiere el país. La gente está en la calle porque siente que merece un futuro diferente. Las regiones están atrapadas en un modelo centralista; el Congreso ha fallado en reformarse; la justicia está estancada y los escándalos de corrupción no paran. El campo lleva décadas esperando reformas que le permitan desarrollarse; el desempleo aumenta y los empresarios encuentran todo tipo de barreras para crecer", le escribió a Duque en una sentida carta. ¿Es posible la constituyente? El problema de la fórmula de una Asamblea Nacional Constituyente son sus riesgos y su complejidad. En términos generales, cuatro son los obstáculos que enfrenta y que hacen díficil que esta sea la salida del país en estos momentos.
1) Se sabe dónde comienza, pero no dónde termina: Quienes temen a este mecanismo señalan que es fácil que comience convocada para revisar un tema, en este caso la reforma pensional o laboral, y termine por revisarlos todos, por ejemplo, la reelección presidencial, que hoy ha quedado prohibida. Hay un miedo generalizado a que se aproveche el interés de las protestas para revisar temas tan álgidos como el respeto a la propiedad privada, la política minera o incluso los temas de libertades fundamentales. La Constitución Política señala que existe la posibilidad de tener un temario limitado, pero la verdad es que una vez se conforme la constituyente esta se puede declarar omnímoda. Es decir, ratificar que tienen competencia para comenzar un borrón y cuenta nueva. 2) Los antecedentes: Nada asegura que una constituyente no pueda desbordarse. En 1953, el presidente Laureano Gómez convocó una Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) y se señalaron unos temarios. Sin embargo, luego vino el golpe de Estado de Rojas Pinilla y la Constituyente no solo desbordó su campo de acción, sino legitimó el golpe de Estado y se convocó a una asamblea legislativa. En 1991, después del histórico movimiento de la Séptima Papeleta también pasó algo similar. Al principio se consideró que el temario debía ser limitado, pero una vez constituidos, los constituyentes terminaron siendo omnipotentes. Por eso, juristas como Alfonso Gómez Méndez rechazan esta fórmula y en el pasado han planteado que la solución podría ser más bien algo similar a la pequeña constituyente de Alfonso López Michelsen. El exmandatario la planteó en su momento para arreglar los líos de la justicia, pero las altas cortes la declararon inconstitucional. 3) Un camino largo y espinoso: El último problema del mecanismo es práctico. Como está planteado hoy en la Constitución, el camino para llegar a una constituyente es largo y está lleno de obstáculos. Se requiere que el Congreso de la República apruebe una ley para preguntarle al pueblo en votación popular si convoca o no a una Asamblea Constituyente para reformar parcial o totalmente la Constitución. La ley deberá definir el número de delegatarios, el sistema para elegirlos, la competencia de la Asamblea, la fecha de su iniciación y su periodo. Una vez aprobada, esta pasará a tener control previo por parte de la Corte Constitucional. El paso que sigue es diseñar una tarjeta electoral para la consulta. En esas elecciones el Sí a la Constituyente deberá superar cuando menos la tercera parte del censo electoral, es decir más de 11,6 millones de votos. Teniendo en cuenta que en el plebiscito participaron un poco más de 12 millones tanto del Sí como del No, la cifra es bastante difícil de lograr. Solo así se podría llamar a elecciones, que en esta coyuntura acarrearían una enorme polarización. Esta se realizaría entre dos y seis meses después a partir de la expedición de la ley. Ni los manifestantes ni el Gobierno tendrán la paciencia para estar todo este camino. *Fotos Juan Carlos Sierra y Diana Rey