A finales de mayo de 2023, el nombre de Marelbys Meza cobró relevancia a nivel nacional tras conocerse el presunto robo de un maletín con dinero en la casa de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del Gobierno Petro. Meza, quien trabajaba como niñera para la familia, fue prácticamente culpada de facto. Según su relato, el esposo de Sarabia la llamó y le pidió que fuera al apartamento para hablar del tema, y, tras negar cualquier implicación, Sarabia le advirtió: “Esto no se queda así, voy a llegar hasta las últimas consecuencias”.
En el interrogatorio, los policías no solo la trataron de manera intimidante, sino que directamente la llamaron ladrona. “Me decían: ‘¿Dónde está la plata que se robó? Aquí no estamos hablando de diez pesos, estamos hablando de 150 millones’”, recordó. Una vez en el sitio donde sería sometida a la prueba del polígrafo, las amenazas no cesaron.
“Me dijeron que si me había gastado algo del dinero, que la señora Sarabia mandaba a decir que no pasaba nada, pero que devolviera el resto”, recordó Marelbys. Antes de someterla al examen del polígrafo, unos agentes le quitaron su teléfono, revisaron sus conversaciones y le mencionaron a su familia. “Me decían que en mi casa estaban revolviendo todo y que no iba a dormir en mi cama esa noche”, relató.
La presión y el temor crecieron al punto de sentirse en peligro de muerte. “Sentí que me iban a picar ahí mismo”, afirmó, al describir la angustia vivida en el sótano frente a la Casa de Nariño, donde se realizó el procedimiento.
Un sistema que no la protegió
Una vez hecha la denuncia, las amenazas no demoraron en llegar y Marelbys ingresó al programa de protección de testigos de la Fiscalía, una medida que debía garantizar su seguridad. En contraste, lo que encontró fue aislamiento, restricciones y una constante sensación de abandono. Según su relato, no podía ver a su hija, hablar con sus hermanos, ni mantener contacto regular con su abogado.
“Para reunirme con él, tenía que pedir cita y él debía venir al búnker de la Fiscalía”, explicó. Además, denunció que vivía con lo mínimo que le proporcionaba el Estado, lo que la mantenía en una situación de vulnerabilidad extrema.
Las casas donde la alojaron tampoco le ofrecía condiciones dignas. Marelbys describe espacios insalubres, con problemas estructurales como inundaciones, que la llevaron a pasar noches enteras sacando agua.
“Lloraba día y noche. Me sentí completamente sola”, aseguró. Además, denunció maltratos verbales por parte de una funcionaria encargada de su seguridad, sobre quien presentó varias quejas que nunca fueron atendidas. A pesar de sus reclamos, no recibió respuestas ni disculpas por parte de las autoridades. Marelbys también señaló que las personas asignadas a su cuidado no estaban calificadas para la tarea.
“Me mandaron a cuidar con una persona que apenas llevaba un mes de trabajo, gente que no era capacitada”, comentó, subrayando la falta de preparación del personal.
Con todo esto, el estrés acumulado no tardó en afectar su salud. “Sangraba por la nariz, se me subía la tensión, y hasta tuvieron que operarme una parte de la cara por todo el estrés que viví”, recordó. Marelbys asegura que incluso en medio de esta situación crítica fue olvidada por quienes debían velar por su bienestar. “Ni siquiera me preguntaban cómo estaba o si tenía dónde vivir”, lamentó.
Iván Cancino, abogado de Marelbys Meza, considera que el riesgo al que se expone la mujer es extraordinario. Según el abogado, Meza enfrenta amenazas constantes por haber señalado a personas con poder, incluyendo delincuentes, profesionales y policías que han delinquido.
“Marelbys es tal vez una de las pocas personas que está privada de la libertad y es la víctima. Es una mujer a la que le han cambiado su vida completamente”, defiende Cancino, quien ha alertado sobre las restricciones y el aislamiento que enfrenta su clienta.
Según él, estas medidas constituyen una violación grave de sus derechos humanos. “No tiene acceso pleno a su abogado, a su familia, ni siquiera el derecho a desarrollar una relación sentimental. Es un atentado contra su derecho de defensa, su derecho a la familia y su dignidad”, añadió.
Cancino también enfatizó sobre las irregularidades en los procedimientos que llevaron a Marelbys a esta situación, en particular el polígrafo, que calificó como una acción ilegal, humillante y resultado de un abuso de poder. “El polígrafo siempre estuvo viciado. Nunca fue voluntario, y por esos hechos debe responder la Policía”, aseguró.
Por su lado, Marelbys Meza asegura que se siente completamente olvidada por el sistema y las autoridades que debían protegerla. “Fui testigo y soy víctima. Que por lo menos digan: ‘¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Tiene dónde vivir?’”, expresó, añadiendo que, tras su salida del programa de protección, no tiene ningún lugar a donde ir.
“No tengo trabajo, no tengo dónde vivir, estoy prácticamente en la calle”, afirmó. Con este mensaje, Meza hace un llamado urgente a las instituciones para que no la dejen sola en su lucha, pidiendo que se le reconozca como víctima y se le brinde el apoyo necesario para recuperar su vida.