Este jueves la Fiscalía se quedó con las ganas de imputar cargos al coronel Carlos Alberto Feria, jefe de seguridad del presidente de la República, Gustavo Petro, y otros dos uniformados de la seguridad presidencial, todos por las pruebas de poligrafía que adelantaron a Marelbys Meza, entonces empleada de Laura Sarabia, exjefe de gabinete del Gobierno.
La defensa del oficial se adelantó ante el juez de control de garantías para interponer un conflicto de competencias porque, en su criterio, los hechos ya estaban siendo investigados por la justicia penal militar y la ley impide que una persona pueda ser juzgada dos veces por un mismo hecho.
“Esta defensa le debe manifestar que la presente audiencia no se puede llevar a cabo porque la jurisdicción ordinaria no es la competente para adelantar la presente investigación, sino que lo es la justicia penal militar y como quiera que es necesario, antes de entrar a hacer la sustentación respectiva, dar un adelanto del argumento central porque debe pensarse esta consideración”, dijo el abogado Marlon Díaz, abogado del coronel Feria.
Mientras se discutía la competencia de quién podría investigar al oficial encargado de la seguridad del presidente de la República y sus subalternos, un hecho particular llamó la atención: Marelbys Meza pretende constituirse como víctima dentro del proceso que se adelanta contra los uniformados.
A través de su defensa, advirtió que estará atenta de las diligencias que se adelanten no solo contra el coronel Carlos Feria, sino contra el resto de uniformados que fueron procesados, algunos capturados por las interceptaciones ilegales de las que también fue víctima y en las que la vinculan con organizaciones criminales de todo orden, incluso el Clan del Golfo.
La Fiscalía, por supuesto, rechazó la posibilidad de que la investigación quedara en manos de la Justicia Penal Militar, pues advirtió que los hechos que son materia de investigación no hacen parte de las funciones que como miembros de la fuerza pública deben adelantar los uniformados, sino que ellos conocían muy bien que las pruebas de poligrafía estaban dispuestas para los funcionarios de la Presidencia de la República, no a particulares.
“No estamos investigando actos relacionados con el servicio”, advirtió el delegado del ente investigador al anunciar que en la imputación de cargos que se iba a celebrar este jueves se iba a dar claridad a esta diferenciación. “Claramente, se desbordó el margen funcional de los aquí encartados”.
Finalmente, la audiencia no se adelantó y el juez de control de garantías le dio traslado a la Corte Constitucional para que dirima la discusión, si el caso, con todo el material probatorio, se queda en la Justicia Penal Militar o, por el contrario, es competencia de la Fiscalía adelantar las diligencias.
Era el segundo intento del ente acusador por hacer la imputación de cargos; el fiscal aseguró que se trata de un acto de deslealtad procesal por parte de la defensa. Por ahora, la Fiscalía insistirá en la competencia que tiene para imputar y llevar a juicio al coronel, y confían en que la Corte tome las determinaciones y siente un precedente para futuros casos.