Un nuevo choque se ha originado en las últimas horas entre la Procuraduría General de la Nación y el Gobierno del presidente, Gustavo Petro. En esta ocasión, el enfrentamiento se da debido a un proyecto que prepara el Ministerio de Justicia para reformar este ente de control.
En uno de los apartados del articulado se propone que la función de intervención en procesos de carácter judicial y administrativo por parte del Ministerio Público, serán “excepcionales” y esta función no podrá implementarse en el marco del sistema penal acusatorio, lo que significa que la Procuraduría perdería sus facultades con respecto a los procesos penales.
En contra de esta iniciativa se pronunció la procuradora Margarita Cabella, quien ha manifestado varias críticas en diferentes oportunidades sobre las intenciones del Gobierno de modificar la institución que dirige actualmente. La funcionaria defendió las funciones de este ente de control para intervenir en procesos penales.
“Hoy se le ocurrió al ministro de Justicia quitarnos las funciones de intervención, en un proyecto de ley, que en su momento será discutido y controvertido”, expresó.
La funcionaria recordó que esta función ya había sido objeto de discusión cuando se creó la ley penal (Ley 906 de 2000). “Decir que las funciones de intervención ante los procesos judiciales no sirven para nada y, por tanto, hay que quitarlas, con el argumento de que muchos abogados le han dicho que hay que hacerlo, es una falacia argumentativa”, manifestó.
Cabello aseveró que el Ministerio Público es un representante de la sociedad que no “hace hipótesis en un proceso penal”, sino que defiende la constitucionalidad y la legalidad en cualquier tipo de proceso.
“¿Qué ocurrirá con unos acuerdos ante la justicia penal si no hay un Ministerio Público? (...) Ojo con una sociedad sin representación. El Ministerio Público representa la razón de la sociedad, la opinión y el concepto de la sociedad dentro de un proceso”, señaló.
Finalmente, la procuradora recalcó que la institución que está a su cargo es un elemento integrador y esencial dentro de una democracia y un Estado social de derecho.
Otros cambios que propone el Gobierno en el proyecto
Este no es el único cambio que busca el Ejecutivo a través del proyecto de acto legislativo que presentará en los próximos días al Congreso. Otro de los puntos más controversiales es que se plantea que la Procuraduría no pueda sancionar a funcionarios elegidos por mandato popular, entre ellos los alcaldes y gobernadores del país.
Para este objetivo, el Gobierno y el mismo presidente Gustavo Petro ha insistido en varias oportunidades que a pesar de que el Congreso aprobó una reforma a este ente de control, no se estaría cumpliendo el requerimiento hecho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que indicó que la Procuraduría seguiría teniendo sus respectivas funciones, pero cuando decida suspender o inhabilitar a mandatarios locales, la decisión debería ser revisada por el Consejo de Estado.
En ese sentido, uno de los principales cambios constituciones que se quiere lograr a través de esta iniciativa es que tanto la Procuraduría como la Contraloría no puedan ejercer funciones jurisdiccionales ni limitar los derechos políticos de los ciudadanos a elegir o ser elegidos.
Igualmente, buscan modificar el artículo 118 de la Constitución Política que establece cómo está integrado el Ministerio Público y cuáles son sus competencias, para eliminar sus facultades jurisdiccionales.
Sobre el caso de la Contraloría General, se menciona que se debe ajustar el artículo 268 de la Constitución, en el que se establece que el ente de control puede pedir la suspensión inmediata de los funcionarios mientras se resuelven las investigaciones en procesos penales, fiscales o disciplinarios.
Por ahora, el Gobierno se encuentra adelantando el proceso para poder presentar este proyecto en el Congreso y después deberá esperar las discusiones para que sea aprobado, por lo que todavía tiene mucho camino por recorrer para que esto sea una realidad.