“Cuidar el acuerdo de paz es el mejor antídoto contra la guerra”

SEMANA: Con la decisión de Iván Márquez de rearmarse, hay quienes consideran que el acuerdo de paz fue una ilusión. Tres años después de su firma y con ese hecho, ¿cómo queda parado ese acuerdo de cara al fin de la guerra? María Teresa Ronderos: El fin de una guerra de 50 años no se hace en 30 minutos. El acuerdo ha dado resultados evidentes en los territorios, y que más del 90 por ciento de los excombatientes se la jueguen por él es un gran logro. En buena parte de esas regiones por primera vez se está mirando el futuro, en comunidades antes sometidas por la guerra hay gente construyendo otras vidas, hay desmovilizados haciendo y hay proyectos productivos. Nada de eso se podía hacer con los cilindrazos y bombardeos. Ahora, el rearme de Márquez y Santrich sí muestra que la paz todavía es frágil y que hay que protegerla. Para no perder una gran oportunidad, el Gobierno, los empresarios y la ciudadanía tienen mucho por hacer. Alejandro Reyes: Sabíamos que el acuerdo con las Farc no implicaba el fin de la guerra, sino una apuesta por desarmar su columna vertebral. La estrategia pensada era que negociando con ellos las demás organizaciones de violencia, como el ELN y los residuos del EPL, irían por el mismo camino siempre y cuando la implementación de la paz siguiera un curso razonable. Estoy de acuerdo con María Teresa en que es cuestión de tiempo y de perspectiva. Tres años de un acuerdo de paz es muy poco tiempo para evaluarlo, pero este no ha fracasado y produjo efectos grandes en muchas regiones antes dominadas por las Farc. Sin embargo, hay que advertir que es una fase temprana de implementación con muchos riesgos. SEMANA: Entonces, ¿dónde está el problema? A.R.: Nos hace falta construcción de Estado en esa periferia violenta claramente identificada: el Catatumbo, Urabá, el Bajo Cauca antioqueño, la costa pacífica caucana y nariñense, Arauca. En términos de reciclaje de la violencia, después del acuerdo, en esas regiones otras organizaciones como el ELN y los antiguos grupos paramilitares han reconstruido el control territorial. A eso hay que sumar otro factor: con el cambio de Gobierno, no terminó la reingeniería de las Fuerzas Militares que se habían comenzado a preparar para el posconflicto. M.T.R.: Lograr este cambio en las Fuerzas Armadas no es fácil porque llevan operando medio siglo con una lógica, muy influenciada por la filosofía y la práctica de la Guerra Fría. Por eso hoy se siente un conflicto interno. Unos oficiales, comprometidos con una fuerza pública para un país en paz, con una tarea de seguridad moderna; y otros, aún aferrados a las prácticas del pasado o, por lo menos, aferrados a que no se sepan. Pero hay que mirar esto en grande; la guerra fue horrible y todos necesitamos conocer la verdad, pero no para perseguir, sino para pasar la página y asegurarnos de que los horrores no se repitan, ni los de la guerrilla ni los abusos del Estado. Hay que mirar esto en grande; la guerra fue horrible y todos necesitamos conocer la verdad, pero no para perseguir, sino para pasar la página y asegurarnos de que los horrores no se repitan, ni los de la guerrilla ni los abusos del Estado. A.R.: En el Gobierno de Duque la escogencia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, y del comandante de las Fuerzas Militares y del Ejército ha estado muy influenciada por el expresidente Uribe. Nicacio Martínez hace parte de un grupo de generales que estaban relativamente ocultos, pero que siguieron las orientaciones de la seguridad democrática los ocho años de Uribe. Hay divisiones internas dentro del Ejército, y hay un sector creciente de militares que se oponen al proceso de paz y que consideran la JEP una amenaza. De la mano de todo eso está la involución en las narrativas que menciona María Teresa, que se materializa, principalmente, en la incapacidad de proteger a líderes sociales.

SEMANA: Ustedes hablan de debilidad del Estado, pero en otros países de América Latina, con Estados más frágiles, la violencia no se ha reciclado de la misma manera… A.R.: Tenemos un Estado precario y en construcción, muchas veces cooptado por organizaciones criminales o por corrupción ilegal. Uno no puede decir que en el Chocó no haya Estado, pero se trata de un Estado en poder de los clanes familiares para el enriquecimiento personal. En Chocó a eso se le llama sistema político, y en Bogotá, corrupción. A esa falta de calidad del Estado se suman deficiencias profundas. Hoy en día, el control territorial se define a partir de los encontronazos entre las organizaciones de violencia que controlan las economías ilegales y el liderazgo social. En esa pugna, el Estado debería estar del lado de los líderes, pero ha sido prácticamente inexistente. Hoy en día, el control territorial se define a partir de los encontronazos entre las organizaciones de violencia que controlan las economías ilegales y el liderazgo social. M.T.R.: En la ‘calidad del Estado’ también la política juega un rol crucial. Hay personas que cuando están en Bogotá, se comportan como estadistas, pero que cuando están en las regiones, acuden a las prácticas más clientelistas, y realmente no le responden a la gente que representan. Cuando matan a un líder, ni la dirigencia política ni la empresarial sienten que eso es su problema, y le dejan todo a la fuerza pública. Eso también tiene que cambiar.

SEMANA: ¿Es el episodio Márquez-Santrich parte de un reciclaje de la guerra? M.T.R.: Hay que mirar todo desde una perspectiva más amplia. Este era un proceso difícil en el que había que convencer a sectores de lado y lado, y estos sectores debían romper con dinámicas territoriales ilegales a las que estaban acostumbrados. Para que esos cambios tuvieran sentido, era necesario el papel de una institucionalidad capaz de enviar los mensajes adecuados. Esto sucedió a medias. La insistencia en las objeciones a la JEP envió el mensaje de un Gobierno poco comprometido con el acuerdo. Ha habido problemas para manejar una transición que requería ser conducida con cuidado, con pinzas. La insistencia en las objeciones a la JEP envió el mensaje de un Gobierno poco comprometido con el acuerdo. Ha habido problemas para manejar una transición que requería ser conducida con cuidado, con pinzas. A.R.: Cuidar lo acordado es el mejor antídoto contra la guerra. Y en eso, el Estado es responsable. Lo grave es que no hemos dado el salto claro hacia la implementación de las reformas como la rural, la política, a la justicia, la lucha contra los cultivos, la sustitución. Eso nos pone una fase temprana de implementación con riesgos de regresión hacia una situación más complicada.

SEMANA: Además de la debilidad estatal, ¿dónde nacen esos problemas? M.T.R.: Me parece que la retórica del Gobierno y del partido de gobierno, en cabeza de su líder, Álvaro Uribe, ha sido cómoda. Hicieron algo similar a encontrar una mesa y agarrarla a patadas hasta que se le cae una pata, para después echarle la culpa a la mala calidad de la mesa. Esa echada para atrás en el proceso de paz, por supuesto, sembró desconfianza en los guerrilleros. Pero también había fuerzas de la criminalidad jalándolos para que se devolvieran a ese mundo sórdido en que se volvió su guerra, y sucumbieron. SEMANA: Con ese panorama, y esta coyuntura, ¿cuál es entonces la salida al reciclaje de la violencia? A.R.: La negociación con las Farc durante cuatro años fue un esfuerzo dedicado a esclarecer los factores profundos generadores de violencia en Colombia. Durante seis meses le pasaron revista al tema agrario para definir la incidencia de la injusta distribución de la tierra en la violencia. Asimismo, consideraron estrategias para combatir los cultivos ilícitos, que alimentan la guerra. La ruta que en términos de tierras y de apertura política quedó construida allí con los acuerdos sustantivos de fondo es una ruta de mediano y largo plazo para salir de la violencia. Para evitar su reciclaje no tenemos otro camino que promover el desarrollo territorial con enfoque territorial, con concentración de recursos y una gran inversión pública en sectores de la periferia, donde se enquista la violencia, e ir ganando municipio por municipio, territorio por territorio. Esa es la forma de quebrarles el cuello a las economías ilegales, al fortalecer las economías lícitas. Para eso tenemos que cerrar la expansión de la frontera agraria y hacer reformas sociales dirigidas a ambientar la paz y a legitimar la existencia del Estado en los territorios. Seguir la ruta del acuerdo es una manera de consolidar la paz. M.T.R.: Ese es el camino, con un ingrediente adicional. Hay que buscar que la política nacional y regional tengan otras dinámicas. Empezar a tejer nuevas alianzas basadas en una nueva ética política, en la que la articulación de lo nacional y lo local sea diferente.