Por medio de 20 transacciones se realizó el desvío de 779 millones de pesos que llegaron a los bolsillos del entonces senador Mario Castaño Pérez, quien lideraba una red de corrupción que saqueó recursos públicos mediante la celebración de contratos en entidades, ministerios, alcaldías y gobernaciones.
Así lo reveló un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción en medio de la imputación de cargos contra Claudia Marcela Castaño Morales, una de las principales integrantes del grupo delictivo organizado por el congresista liberal.
Castaño Morales, quien deberá responder ahora por el delito de peculado por apropiación, puesto que fue pieza fundamental en la administración de los recursos de una empresa beneficiada de contratación direccionada en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, fortín político del entonces congresista.
Los hechos, materia de investigación, y que se añaden al expediente contra Castaño Morales, tiene relación con la apropiación de recursos “en favor del fallecido senador Castaño Pérez”. Este dinero, según señaló la Fiscalía General en la imputación de cargos, hacía parte de un bloque de “recursos púbicos del anticipo, que fue desembolsado para la ejecución del Contrato de obra No. 9677-PPAL001-292-2021 celebrado entre la UNGRD y un Consorcio por valor de $16.424.941.694″.
Tras la pregunta del juez de control de garantías de Bogotá, la procesada aceptó su participación en estos hechos de corrupción.
En la imputación hecha en marzo de 2023 por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía se reveló que la organización de ‘Las Marionetas’, conformada y gestionada por Mario Castaño, realizó una feria de celebración de contratos.
Uno de los más destacables tuvo que ver con la firma de convenios en el Aguardiente de Chocó por un valor de 14.492 millones de pesos; obras para atender una emergencia vial en Villamaría (Caldas) por 10.000 millones de pesos; la construcción de un parque en Nuquí (Chocó) por 1.250 millones de pesos; la realización de una obra civil en Manizales (Caldas) por 16.424 millones de pesos; y una interventoría en un proyecto energético en Boyacá por 1.000 millones de pesos.
Igualmente, para demostrar su poderío, manejaban las contrataciones en gobernaciones, alcaldías, ministerios y entidades gubernamentales. A todos los interesados les cobraban una parte del salario para entregarles un contrato de prestación de servicios.
De esta forma, se obtuvieron 17 nombramientos de personas recomendadas en entidades estatales, gobernaciones y alcaldías municipales.
Claudia Marcela Castaño Morales ya había aceptado su participación en los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.