El Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda que pide la pérdida de investidura para el senador Mario Castaño. En la acción judicial se indica que el dirigente político caldense no se posesionó el pasado 20 de Julio para el período 2022-2026, hecho por el cual se le debe declarar la muerte política.

El accionante es claro en indicar que, por orden de la Corte Suprema de Justicia, el senador liberal se encuentra privado de la libertad desde el pasado 16 de junio, en el marco de la investigación que se le adelanta por liderar una organización criminal implicada en graves irregularidades en procesos de contratación.

Es decir, el senador incurrió en una vulneración del artículo 183 de la Constitución Política de Colombia por “no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueran llamados a posesionarse” por actos atribuibles a su voluntad.

El despacho del magistrado Martín Bermúdez Muñoz determinó que la demanda cumple con todos los requisitos, hecho por el cual le notificó personalmente al senador Castaño –quien se encuentra en la cárcel La Picota de Bogotá– sobre el inicio de este proceso en su contra. Igualmente, se le envió copia de la decisión a la Procuraduría General.

En las elecciones del pasado 7 de marzo, el todopoderoso dirigente político del Eje Cafetero obtuvo la nada despreciable suma de 68.351 votos, lo que le permitió quedarse con una de las 15 curules del Partido Liberal para la legislatura 2022-2026. Para ese momento, diez de los integrantes de su organización ya habían sido detenidos dentro de este escándalo de corrupción.

Castaño, investigado por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado, estafa y concusión, manifestó recientemente ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia su interés en aceptar cargos y someterse a una sentencia anticipada.

Según el expediente revelado en exclusiva por SEMANA, Castaño lideraría una organización encargada de obtener de manera irregular millonarios contratos en diferentes ministerios y entidades. Para esto, negociaba comisiones con gobernadores, alcaldes, contratistas y particulares para la división de los contratos.

Igualmente, la organización criminal habría buscado personas desempleadas para ofrecerles contratos de prestación de servicios en diversas entidades, entre estas el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), Sena, Contraloría, Procuraduría, entre muchas otras.

Nova Lorena Cañón, la lobista de la organización y la persona de más confianza de Castaño, firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía General con el que se comprometió a entregar más información sobre las acciones que realizó esta red de corrupción.

Cañón incluso le entregó a la Fiscalía General evidencia documental sobre las movidas de Castaño y su interés en diferentes contratos en ministerios, alcaldías y gobernaciones, así como los encuentros que sostuvo con varios contratistas y empresarios para direccionar convenios.

Entre su hoja de colaboración, la relacionista pública oriunda de Villavicencio aseguró que Castaño “ofreció porcentajes del valor total de los contratos que se lograran adjudicar o los recursos que se logren gestionar para proyectos como Sacúdete al Parque del Ministerio del Interior, proyectos de ambulancias y proyecto y/o convenios con el Ministerio de Cultura, para la Escuela Taller de Caldas”.

El senador coordinó de manera directa la entrega de dinero como “contraprestación” de las gestiones “ante las entidades del orden nacional y local”. En varios encuentros –cuyos registros fueron entregados por la misma Nova Lorena– se cuadró la forma como se debían pagar los sobornos. “Recibió pagos autorizados por el senador por su gestión”.