Al caso judicial que compromete al senador liberal Mario Castaño con una presunta red de corrupción de contratación en diferentes regiones del país, tal como lo reveló SEMANA en exclusiva, le acaba surgir un nuevo capítulo.

SEMANA conoció dos llamadas telefónicas entre Juan Carlos Martínez, considerado como el hombre de confianza de Castaño, hoy prófugo de la justicia, y José Máximo Salas Trujillo, un fotógrafo de Ibagué que fue condenado en 2019 a 24 meses de prisión por el delito de corrupción al sufragante, en calidad de cómplice.

En dicha comunicación, con fecha del 6 de febrero de 2021, Salas le dice Martínez que necesita hablar con el senador Castaño. “Lo que pasa es que me toca dar una plata en el Banco Agrario y no tengo”, le cuenta Salas a Martínez.

“No me veo con él, pero para este tema... sí vamos a hablar, personalmente”, le responde el asesor del senador Castaño al fotógrafo.

Salas le hace caer en cuenta a Martínez que la comunicación es urgente. “Para salir de esto que me preocupan las cosas mías”, le dice.

En la segunda llamada, Salas le dice a Martínez: “Quiero hablar con el doctor Mario Castaño ahorita sobre el proceso; se me presentó una vaina, para que hable ahorita con mi abogado, un momentico. Este teléfono es el del abogado mío”.

Martínez le responde: “Deme un segundito, en 10 segundos estoy con él, y ya lo llamo”.

Esta comunicación entre Salas y Martínez cobra especial relevancia hoy porque, en marzo de 2018, según un comunicado de prensa de la Fiscalía, “Salas fue sorprendido en flagrancia incitando a varios ciudadanos a votar por dos candidatos, a cambio de 50.000 pesos, ya que era época electoral para el Congreso de la República”.

En ese entonces se compulsaron copias a la Corte Suprema de Justicia para investigar al senador Castaño por presunta corrupción al sufragante, teniendo en cuenta que el fotógrafo había ofrecido dádivas para que los ciudadanos votarán por él y por el excandidato a la Cámara Gonzalo Parra, según la Fiscalía. Salas les ofrecía a las personas 50.000 pesos por voto. La compra de votos se orquestó en un puesto de votación ubicado en una institución educativa de la capital tolimense, según la Fiscalía.

A indagatoria en la Corte Suprema

Este jueves se conoció que el senador Castaño fue vinculado formalmente a una investigación penal por parte de la Corte Suprema de Justicia, que lo llamará a indagatoria. Esto después de que la Fiscalía General solicitara indagarlo por presuntamente liderar una red de corrupción que entregaba contratos de prestación de servicios en entidades públicas y convenios de infraestructura en diferentes partes del país.

La Sala de Instrucción de la Corte lo investigará por el delito de concierto para delinquir agravado. Por estos hechos de corrupción fueron capturados el pasado viernes nueve personas que conformaban la organización criminal, quienes recibían instrucciones directas del congresista liberal.

El pasado viernes, como reveló en exclusiva SEMANA, fueron capturadas nueve personas que integraban esta red de corrupción. Entre los detenidos por agentes del CTI de la Fiscalía General se encontraban Daniela Ospina, pareja sentimental del senador, y Juan Carlos Martínez, uno de los asesores más cercanos a Castaño.

Los investigadores interceptaron las llamadas telefónicas de Castaño y sus presuntos cómplices, donde se evidencia un interés indebido por todo tipo contratación con entidades locales, regionales y nacionales. Los hechos vendrían ocurriendo desde 2018. Según los cálculos preliminares, la banda habría desfalcado al Estado en por lo menos 60.000 millones de pesos, aunque se cree que la cifra podría ser mayor.

En el Congreso, recientemente, Castaño presidió entre 2019 y 2020 la poderosa Comisión Cuarta del Senado, donde se tramitan las leyes orgánicas de presupuesto. En 2021 fue el coordinador ponente del presupuesto de la Nación para 2022. Hoy, en su campaña al Congreso, tiene el número 9 en la lista al Senado por el Partido Liberal y se hace llamar ‘El senador de las regiones’.

En una comunicación entre Castaño y Juan Carlos Martínez, a quien los investigadores señalan como su hombre de confianza, ambos se jactan delante de dos mujeres porque se apropiaron de la prórroga de un contrato de licores en el Chocó que, según confiesan, les dejaría utilidades anuales por 15.000 millones de pesos y durante 15 años.

En la llamada, Martínez les cuenta a las mujeres, a petición del senador, anécdotas en torno a cómo se concretó ese negocio. “Este hijueputa llega, y se va hacer un negocio, y le digo: ¿Mario y qué va hacer? Dijo: no, voy a prolongar lo de licores, eso me deja por ahí de 15 a 20 mil millones por año, y yo: ah hp, ¿y eso por cuánto? Dijo: por 15 años… no, pues… y sale de allá y le digo: ¿Cómo le fue? Y me dijo: bien, hermanito. ¿Y le renovaron eso? Dijo: sí, me renovaron eso y me dieron el tránsito, y yo: eh no joda hijueputa, o sea que usted queda lleno y pide postre”.

Además, en el mismo diálogo, se habla que en Chocó también les habrían prometido entregarles el negocio del “tránsito”. Castaño y Martínez, en otra comunicación, hablan de montar Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), donde los conductores tienen por obligación tramitar la revisión técnico-mecánica de sus vehículos.

“Me puse a hacer estudiar eso de los CDA y ya tengo la vuelta; cómo es esa vuelta, papi, pero esa vuelta hay que montarla, acreditarla y después habilitarla, porque las resoluciones cambiaron, o sea uno tiene que hacer el CDA, comprar la maquinaria, hacer un CDA completo, de cero, vale lo que yo le digo a usted y usted no me creía”, le dice Martínez al senador.

El congresista le responde que en el Cauca ya tiene alcaldes que podrían ayudarlo para los CDA y le reprocha a su asesor que hay que estar pendientes de la plata: “Juan, usted, marica, se va pa’ allá, a pensar solo en votos y hay que pensar primero en el billete, güevón, uno tiene que ser empresario primero que ser político, güevón, usted es muy bobo, güevón”.

En otro aparte de las llamadas interceptadas entre ambos, se habla de una donación de 1.500 millones de pesos al exalcalde de Popayán César Cristian Gómez Castro, candidato a la Cámara en el Cauca por el Partido Liberal, que cuenta con el apoyo del senador Castaño.

El congresista, según las pesquisas, le habría sacado una tajada de 100 millones de pesos a cada obra del proyecto ‘Sacúdete’, un programa del Gobierno nacional que consiste en la construcción de obras cuyo valor oscila entre 1.400 y 3.000 millones de pesos.

De acuerdo con las interceptaciones, en poder de esta revista, Castaño y los demás investigados hacían la gestión de los recursos ante el Gobierno, cuadraban a los alcaldes y contratistas y se quedaban con las obras. Por cada ‘Sacúdete’, de acuerdo con los audios, Castaño exigía una coima de 100 millones de pesos. Así lo cuenta Martínez en su diálogo con el contratista Santiago Castaño. “De los ‘Sacúdete, el hombre me dijo: son 2.400, creo, y me dijo: usted me responde por 100 por cada uno”.

De la red del senador Mario Castaño formaban parte presuntamente integrantes de su equipo de trabajo, lobistas y contratistas en diferentes departamentos. Por lo menos 70 personas en total estarían involucradas en esta organización criminal.