La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez alertó que los exmilitares colombianos que permanecen detenidos en Haití por su presunta responsabilidad en el magnicidio del mandatario de ese país, Jovenel Moïse, no han recibido asistencia jurídica.
Como lo había anticipado oportunamente SEMANA, la situación por la que están atravesando los militares en retiro en el país caribeño no es la mejor, a tal punto que ese panorama obligó a Ramírez a enviar una enérgica carta al gobierno de Haití para que se respeten los derechos humanos de los 18 colombianos.
Ramírez, envió la misiva al embajador en Colombia, Jean Mary Exil, en la cual plasmó su profunda preocupación tras la visita realizada por la Misión Consular colombiana, que evidenció irregularidades en la detención y asistencia a los connacionales, presuntamente vinculados con el asesinato del presidente Jovenel Moise.
“En la misiva, la vicepresidente y canciller señala que los colombianos –de acuerdo con el informe entregado por el Cónsul Honorario de Colombia en Haití, Julio Santa– “no han recibido ninguna clase de asistencia jurídica, al no tener asignados defensores de oficio que protejan el derecho de la defensa y se respeten las garantías judiciales y del debido proceso”, detalló la vicepresidencia en un comunicado.
Y también plasmó la entidad sobre palabras que expresó Marta Lucía Ramírez “me valgo de esta oportunidad para solicitar a su gobierno que cumpla a cabalidad con el artículo 5 de la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares, permitiendo que los funcionarios colombianos ejerzan las funciones allí contempladas para la debida prestación de asistencia a nuestros connacionales”.
Subrayó “así como el respeto y garantía por el derecho que tiene toda persona detenida de contar con la asesoría legal que le permita ejercer plenamente su derecho a la defensa y gozar de las garantías del debido proceso. Los tratados internacionales de protección consular y de derechos humanos garantizan sin dilaciones la obligación de designar a un defensor una vez se produzca la captura, en especial el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Ramírez puso de presente que los exmilitares resultaron con heridas al momento de la detención por parte de las autoridades de Haití, situación que pidió se investigue a la mayor brevedad.
“Algunos connacionales –que sufrieron heridas, al parecer, en el momento de la detención- no han recibido una adecuada atención médica ni se les han garantizado condiciones humanitarias, lo cual es violatorio del artículo 5 de la citada Convención Americana que exige que se respete la integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas”, recalcó la funcionaria.
La vicepresidente y canciller insistió en la disposición y voluntad del Gobierno Duque para que se esclarezca el crimen y se castigue a los responsables, no obstante, fue enfática en exigir que se les respete el debido proceso a los detenidos. “Le recuerdo a su gobierno que tiene la obligación moral y legal de proteger a los detenidos que están bajo su jurisdicción. No se puede ignorar el deber de proteger a personas que están bajo la jurisdicción de un gobierno, independientemente de cuál sea su situación judicial”, dijo.
Finalmente conminó a las autoridades de Haití a proteger a los 18 nacionales colombianos. “Tienen la alta obligación moral de garantizar su vida e integridad física. Adicionalmente, demandamos que se investiguen y sancionen a los autores de estas conductas lesivas de sus derechos”, sentenció Marta Lucía Ramírez.