La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, nuevamente salió a pedir a las autoridades de Haití que se garantice el debido proceso de los exmilitares detenidos en ese país caribeño por su presunta participación en el magnicidio del primer mandatario Jovenel Moïse.
Además, Ramírez fue enfática en señalar que se debe respetar en el proceso que están adelantando las autoridades en Haití la presunción de inocencia del grupo de colombianos que aún permanecen privados de la libertad en ese país a la espera de un juicio.
Sobre la petición para que el cónsul colombiano pueda adelantar tres visitas por semana a los connacionales, dijo la funcionaria del Gobierno Duque que “se ha pedido que se haga esa visita porque eso también es un derecho que existe en materia consultar, pero también hemos solitario que haya una visita con carácter humanitario a Haití cuanto antes”.
También indicó la vicepresidenta que “las personas que están detenidas tienen que juzgarlas las autoridades haitianas y ha dicho el presidente que si hay responsabilidad cualquier tiene que asumirla quienes sean responsables, pero también tienen el derecho de gozar de un proceso con las garantías necesarias”.
Subrayó la canciller que “con las condiciones requeridas de asistencia jurídica, con la oportunidad de presentar pruebas, con la oportunidad también de de ser escuchados con el principio de inocencia que es siempre el principio que rige el derecho penal”.
Al respecto, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, indicó que debe ser prioridad el apoyo jurídico a los colombianos presos, así como la atención médica permanente: “Es urgente la asistencia jurídica y la defensa técnica de los 18 colombianos detenidos en Haití, para garantizar el respeto de sus derechos fundamentales y principalmente al debido proceso y al derecho de defensa que, hasta este momento, les están siendo desconocidos”, señaló.
En ese sentido, Luis Andrés Fajardo, vicedefensor del Pueblo; Rodrigo Isaza Bordamalo, responsable Grupo de Colombianos en el Exterior; Migración; la Oficina de Asuntos Internacionales, y Eduardo Alonso Flórez Aristizábal, coordinador académico del área de Derecho Penal, de la Dirección Nacional de Defensoría Pública, fueron los tres representantes de la entidad que adelantaron la visita a la isla el 28 de julio, pero que salieron de Colombia el 26 y regresaron el 31.
Finalmente, la delegación se reunió con ciudadanos colombianos que viven en Haití y que no tienen que ver con el proceso, quienes manifestaron, en su mayoría, preocupación por su integridad, estigmatización y falta de confianza en la justicia de la isla, por los niveles de corrupción altos que ellos mismos han evidenciado.