Un nuevo y fuerte sacudón experimenta la Jurisdicción Especial de Paz luego de que se conociera que la Fiscalía requierió para interrogatorio a la directora administrativa, Martha Lucía Zamora, así como a dos abogados internos: Juli Milena Enríquez, coordinadora del Sistema de Defensa, oficina adscrita a la Secretaria Ejecutiva de la JEP, y Luis Ernesto Caicedo. El rol de estos abogados –quienes no llevan defensas directas– es el que coordinar y vigilar el trabajo de otros sietes abogados externos, estos sí defensores de excombatientes de las Farc y que son pagados por organismos multilaterales, mecanismo con el que se garantiza que cada compareciente tenga un defensor como lo exige la ley. Este lunes, se realizará la audiencia de imputación de cargos en contra de Zamora. En el procedimiento, la Fiscalía le comunicaría que está siendo investigada formalmente por varios delitos. A las 9 de la mañana, la funcionaria se presentará con su abogado. Sin embargo, la pena de los cargos no alcazaría para que la Fiscalía solicite medida de aseguramiento. Puede leer: La JEP asegura que ningún funcionario de la magistratura está en líos por falsedades En ese momento tomó fuerza la versión de que la Fiscalía había hallado irregularidades en la JEP. El propio fiscal general Néstor Humberto Martínez tomó el toro por los cachos y a  través de un pronunciamiento público señaló que el ente acusador contaba con evidencia en ese sentido. El fiscal señaló que contaba con evidencia de que funcionarios inescrupulosos “estarían cocinando en este momento falsedades y fraudes procesales para que la JEP no actúe como debe actuar”. Por cuenta de esas evidencias anunciadas, la Fiscalía abrió una investigación a cargo de un fiscal especial “que deberá producir decisiones prontamente con el fin de impedir que no se vaya a violentar el complimiento estricto de la Constitución" –señaló Martínez quien referenció las irregularidades en la JEP como: acciones inenarrables pero de las cuales tenemos evidencias-. ¿Quién es Zamora? Martha Lucia Zamora, ocupó el cargo de vicefiscal general, luego trabajó en la Alcaldía de Gustavo Petro y llegó a la JEP cuando la jurisdicción apenas se gestaba bajo la batuta de Néstor Raúl Correa, quien desempañaba el cargo de secretario ejecutivo. Tras la salida de este, Zamora asumió por tres meses ese cargo y luego, ya con el grueso de los magistrados seleccionados y posesionados, asumió como directora administrativa, cargo que ocupa hoy. Le recomendamos: Los parapolíticos ahora sí tienen cupo en la JEP Zamora fue posesionada por la presidenta de la JEP, Patricia Linares. La directora administrativa, además de manejar la contratación, tiene a cargo la misión de organizar todo el complejo andamiaje logístico que requieren la magistratura de la JEP para desarrollar audiencias, así como visitas, talleres y otros trabajos por todo el país. Fuentes de la JEP le aseguraron a SEMANA que hasta ahora no se ha recibido notificación o llamado formal para la diligencia de interrogatorio. Cuando el fiscal general reveló que tenía evidencias que salpicaban a la JEP, el pasado viernes, también fue enfático en hacer varias claridades. “Con la paz no se juega y los infundios que con propósito se pueden estar llevando a cabo deben ser objeto de una rectificación inmediata”. El fiscal aclaró que no es cierto que exista una orden de captura contra el ex jefe negociador de las Farc Iván Márquez “No la posee el fiscal general de la Nación”, recalcó. En el mismo sentido también desmintió que el Ejército haya ocupado el territorio de consolidación en que se hallaba Márquez para hacer efectiva la “supuesta orden de captura”. Le sugerimos: "Nos está ayudando el doctor Géchem y Argenis Velásquez": audio de imputado por corrupción en Fondo Paz El fiscal llamó la atención para que la paz no sea golpeada con información falsa pues “hay miles de reinsertados que le están jugando lealmente a la paz”. El funcionario explicó que hasta ahora no hay variación sobre la situación judicial de los líderes de las Farc de los cuales no se tiene noticia hace varias semanas. Entre estos, además de Iván Márquez, está alias el Paisa. Para que la Fiscalía actúe sobre estos se requiere que primero el Gobierno Nacional solicite levantar la suspensión que hay hoy sobre las órdenes de captura en su contra. “Sin embargo, el Gobierno Nacional no le ha solicitado el levantamiento de esa suspensión a la Fiscalía”, dijo Martínez. A pesar de la claridad el fiscal señaló, aunque enmarcando la advertencia en una “hipótesis lejana”, que si el ente acusador advierte que los exlíderes de las Farc reinciden en el delito y regresan a la ilegalidad exigiría que sobre ellos impere la ley sin ningún tipo de discusiones sobre la jurisdicción competente “porque el que la hace la paga”. Le recomendamos: Las cinco reservas del fiscal al fallo de la corte sobre la JEP Aunque la advertencia del fiscal es clara lo es también el procedimiento estipulado para quienes incumplan con los postulados del acuerdo de paz. En tal caso la JEP iniciaría un “incidente de incumplimiento” el cual puede ser promovido por la Fiscalía, la Procuraduría e incluso por las víctimas o de oficio por la propia Jurisdicción de Paz. De constatarle el mismo, los implicados se verían ante la pérdida de los beneficios que ofrece la justicia transicional. Tras el duro anuncio desde el búnker de la Fiscalía, el pasado viernes, la presidenta de la JEP, Patricia Linares reaccionó con un comunicado en el que aseguró que Martínez le había aclarado que “no se trata de ningún funcionario adscrito a la magistratura”. Es decir, que dentro de los involucrados no estaría ningún magistrado de la JEP.