El consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, afirmó que el Gobierno nacional desarrolla una lucha integral contra las drogas, utilizando todas las herramientas disponibles amparadas en la Constitución y con enfoque de desarrollo social en las zonas afectadas por este flagelo universal. El funcionario intervino durante el debate virtual ‘Buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre política de drogas y desarrollo en las Américas’, organizado por Colombia en su calidad de vicepresidente de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad). En el evento, liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, también participaron el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia, Javier Sarmiento; el secretario ejecutivo de la Cicad, el embajador Adam Namm y expertos de gobierno de países latinoamericanos.
El consejero presidencial explicó los componentes relacionados con la erradicación y la sustitución de cultivos, en el marco de la política de Paz con Legalidad del Gobierno Duque. “Entendemos que debemos utilizar todos los instrumentos legales para erradicar y sustituir los cultivos ilícitos, pero también entendemos que a las regiones tenemos que llegar con proyectos productivos sustitutos. Pueden ser agropecuarios, medioambientales, o de turismo”, dijo Archila. Aseveró que también es necesario “llegar con la provisión de servicios del Estado. Por eso, la integralidad del proyecto termina en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que se ejecutan en 16 regiones donde se van a transformar las condiciones de vida de cerca de 6,6 millones de colombianos”.
Más de 100.000 familias en erradicación manual/Foto: Archivo Semana Archila señaló que el gran reto de la lucha contra las drogas en este momento tiene que ver con los tiempos, pues la sustitución de los cultivos de hoja de coca se hace en un periodo muy corto, el desarrollo de mecanismos alternativos para la subsistencia de la familia se realiza en cinco años, pero llevar el Estado con infraestructura y desarrollo a zonas abandonadas por décadas, tomará alrededor de 15 años. “El Gobierno nacional es consciente de que la política antidrogas no puede estar al margen del desarrollo social. Por eso avanza con 100.000 familias, unas 400.000 personas, en el cumplimiento del programa de sustitución de cultivos”, manifestó. En el mismo contexto, indicó que “ante las siembras en zonas tan dispersas, de cara al futuro, se están fortaleciendo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, como estrategia de largo plazo para llevar desarrollo a las regiones más afectadas por la violencia, la pobreza y los cultivos ilícitos”.
Con esta política, Archila destacó que se está cumpliendo con un punto más del Plan Marco de Implementación (PMI), en desarrollo del acuerdo final suscrito con las Farc. El consejero presidencial, además, subrayó que dentro de la estrategia Formalizar para Sustituir se identifican las familias que actualmente están con cultivos ilícitos, qué uso le están dando a sus terrenos, y se determina cuándo se les da o no la propiedad. A ese respecto, puso como ejemplo la fundación de Warren Buffet, que aportó 4,5 millones de dólares para el Catatumbo, lo que permitirá estar trabajando con unas 1.200 familias.