El Gobierno nacional señaló que más de 17.000 excombatienes de los grupos armados ilegales se han beneficiado de los programas sociales previstos para aquellas personas que se han reincorporado o reintegrado a la vida civil.
De acuerdo con las cifras oficiales, se trata de 12.823 personas en proceso de reincorporación y 4.327 personas en proceso de reintegración, que en su momento pertenecieron a grupos armados y que ahora se encuentran en la legalidad.
El Gobierno señaló que los programas sociales de los que se han beneficiado estas personas se han desarrollado de la mano de las distintas entidades y ministerios, junto a la cooperación internacional, y que “han sido destacados en el exterior y en los informes de verificación que han permitido corroborar las estrategias que seguirán avanzando con una voluntad estatal en busca de armonía entre los ciudadanos”.
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización señaló que estos programas se han desarrollado en todos los territorios de Colombia, donde quienes anteriormente pertenecieron a grupos armados ilegales, avanzan en su proyecto de vida.
La entidad destacó que, incluso, en varias ocasiones, los proyectos productivos son adelantados conjuntamente con las víctimas de la violencia, principalmente en zonas rurales.
“Estos programas buscan generar oportunidades que fortalezcan sus capacidades y puedan desenvolverse en pleno en el marco de la ley”, señaló.
La ARN señaló que del proceso de Reintegración, que vincula a quienes pertenecieron no solo a Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), sino a quienes accedieron al sistema de Justicia y Paz, forman parte 4.357 personas que se encuentran activas con acceso a nuevas oportunidades en educación, productividad, atención psicosocial y salud.
Asimismo, en este sector se han desarrollado 1.029 proyectos del que se han beneficiado a 248 mujeres y 745 hombres, mientras que 5.164 fueron vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Entre tanto, en 2016, fueron 13.024 personas las acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como pertenecientes a la entonces Farc-EP, para las cuales se creó la Ruta de Reincorporación, facilitando el acceso a beneficios a corto, mediano y largo plazo. Se trata de personas que se benefician de la firma del Acuerdo de Paz.
“A hoy, una gran mayoría de mujeres y hombres, persisten con su responsabilidad: 12.843 personas activas en este proceso, son muestra de ello. El 91,7 % de quienes se desmovilizaron, avanzan en su reincorporación”, señaló la entidad.
“Acceso a educación, sostenibilidad económica, habitabilidad y vivienda, bienestar psicosocial integral, salud, comunidad y familia, son los pilares de la Ruta de Reincorporación diseñada con precisión para un proceso digno y en corresponsabilidad, donde la articulación de las distintas entidades del Gobierno nacional, han aportado desde inversión, acompañamiento, estructuración y gestión permanente”, indicó.
El director de la ARN, Andrés Felipe Stapper Segrera, destacó los avances en ese proceso tras señalar que “hemos hecho que la Paz no sea solo una política: es una realidad que se construye día a día. Hoy la política de Paz con Legalidad es uno de los ejes transformadores de nuestro Plan Nacional de Desarrollo”.
“Cuando dijimos que generamos profundas transformaciones, fue porque pasamos de un proceso cortoplacista que el mismo Acuerdo había dispuesto en distintos beneficios económicos y sociales; como la salud, los componentes productivos y económicos, algunos de estos procesos de carácter temporal por 24 meses; a ver que teníamos un reto más grande aún como el qué hacer con los antiguos espacios territoriales, cuya finalización era en agosto del año 2019″, aseguró el funcionario.
Y agregó que “hoy, los resultados no deben quedar aquí, sino deben ser la puerta que se abra para seguir construyendo conjuntamente”.
Indicó que la reincorporación económica ha permitido que 7.823 personas (ocho de cada diez personas) cuenten con proyectos productivos, de los cuales, entre individuales y colectivos, han sido aprobados 3.875, cifra que se traduce en el soporte de mismo número de familias.
“Llegar a la Serranía del Perijá, al norte de Colombia, encontrar proyectos turísticos, o en los Montes de María, reconocer la ganadería y la agricultura, es reflejo de lo que puede verse al otro lado de la geografía”, destacó.
Añadió que “también en el Cauca, donde comunidades indígenas excombatientes se han unido para trabajar la piscicultura, la siembra de aguacates o la porcicultura, es muestra de un incansable trabajo mancomunado, pero un verdadero compromiso de construir sueños desde la legalidad”.
Igualmente, señaló que a pesar de no estar en los acuerdos, mediante una acción coordinada entre ministerios y entidades, permitieron el acceso a tierras y vivienda para avanzar en el proceso de reincorporación.
“Una cifra cercana a las 1.900 hectáreas entregadas para la construcción de viviendas y ejecución de proyectos productivos, han sido destinadas de manera formal, beneficiando a más de 2.600 personas en reincorporación y sus familias”, destacó.
En materia educativa, señaló que han sido vinculadas “4.431 personas a programas de formación para el trabajo o decenas de ceremonias en las que, con toga y birrete, hombres y mujeres reconoce en la educación un motivo de seguir adelante”.
Indicó que 99 % de las personas que han hecho tránsito a la legalidad junto a sus familias, han tenido acceso a la salud en todo el territorio nacional.
“Siempre, de manera concertada, las determinaciones del gobierno que propenden por el bienestar de excombatientes, han sido puestas en la mesa con el colectivo Farc, y por eso, el aporte para los días venideros, es un mensaje de seguir construyendo por un país en paz, donde no haya distingo de condiciones, ni de raza ni de pensamiento”, puntualizó.