Uno de los temas que más se discuten por estos días en el país es el acceso a la tierra por parte de los campesinos, teniendo en cuenta que es una de las grandes apuestas del Gobierno que se inicia el 7 de agosto.
Todo esto relacionado con la aplicación del punto 1 de Acuerdo de Paz con las Farc, que tiene que ver con la puesta en marcha de una reforma agraria que le permita al campesino acceder a la tierra y fortalecer la producción.
En un balance de su gestión, la Agencia Nacional de Tierras hizo un balance de su gestión en la que destacó que más de 1.700.000 hectáreas (14.000 predios) fueron aportadas al Fondo de Tierras durante el cuatrienio del presidente Iván Duque, que está por terminar.
Según la entidad, se trata de un avance del 88 % en hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras “del cual se han beneficiado más de 19.000 familias hasta la fecha. De este total de entregas, el 51 % de los beneficiarios corresponde a mujeres rurales”.
La Agencia también señaló que en este periodo más de 70.000 familias fueron beneficiadas con la expedición de 52.000 títulos de propiedad rural, “una cifra récord nunca antes lograda en la historia de las tierras del país”.
Indicó que esta labor se hizo en el marco del ordenamiento, acceso y formalización de la propiedad rural “en beneficio de las comunidades campesinas y étnicas de Colombia”.
La entidad señaló, además, que entre 2021 a 2022 se impulsó el trabajo territorial a través de procesos de diálogo y fortalecimiento de capacidades con pobladores rurales, en un total de 87 espacios que contaron con la participación de 1.880 mujeres y 124 hombres.
“En este mismo sentido, se han atendido 244 Mesas y Espacios de diálogo social con comunidades étnicas y campesinas en todo el país y se caracterizaron 168 conflictos por el acceso, uso y tenencia de la tierra”, indicó.
Para la Agencia Nacional de Tierras, las experiencias recogidas durante esos espacios podrían servir para evitar más confrontaciones, por lo que publicó un documento que podría ser útil a la hora de conocer experiencias.
“Con el objetivo de sistematizar estas experiencias de trabajo y dejar una ruta de lecciones aprendidas que nutra futuros procesos institucionales, también se lanzó el libro Memorias para el Diálogo Social y el Sistema de Alertas Tempranas–SART, para la atención preventiva de conflictos territoriales”, señaló.
En relación con el acceso a la tierra por parte de las comunidades afro e indígenas, la entidad indicó que también hubo avances en esta materia.
En ese sentido, señaló que “desde el 2021 han sido entregados 130 títulos colectivos que beneficiaron a cerca de 22.000 familias rurales tanto con el otorgamiento de títulos colectivos a población afrodescendiente, como con la ampliación, saneamiento y constitución de resguardos indígenas”.
Entre tanto, en un reciente informe revelado 18 congresistas de seis partidos políticos, se hace seguimiento a la implementación del acuerdo de La Habana, puso de manifiesto que el Estado ya tiene cerca de 1,5 millones de hectáreas en el Fondo de Tierras que aún no han sido entregadas a los campesinos.
“Como se ha manifestado en múltiples ocasiones, el ingreso de hectáreas al Fondo sigue sin representar la satisfacción del derecho progresivo al acceso a tierra de los pequeños campesinos”, reflexiona el informe.
A su vez, el documento asegura que del total de hectáreas formalizadas hasta el momento (2.612.983,78), solo el 50,56 % ha sido a favor de campesinos sin tierra o con tierra insuficiente.
La meta es tener a 2028 tres millones de hectáreas ingresadas a este Fondo de Tierras. Si bien en este aspecto ha habido un avance importante, las demoras han estado en la entrega de estos predios a campesinos sin propiedad.
En cuanto a los avances legislativos referentes al acuerdo de La Habana, el texto multipartidista señala que se tiene que de las 107 normas necesarias para la implementación aún están pendientes el 33,6 %.
El reporte estuvo coordinado por la representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, y lo firmaron 18 congresistas del Polo Democrático, el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Conservador y el Partido Liberal.
Por su parte, la propuesta del entrante Gobierno del presidente Gustavo Petro está relacionada con la llamada “democratización” de la tierra.
La designada ministra de Agricultura, Cecilia López, ha explicado que se busca aumentar los impuestos a las tierras improductivas para que los dueños de estos terrenos escojan entre una de dos opciones: aportar más recursos mediante el pago de impuestos o vender estos predios al Estado para que sean entregados a campesinos con el objetivo de que los pongan a producir.