Este informe, elaborado por Jaime Arteaga & Asociados en asocio con el Comando Conjunto Estratégico de Transición (CCOET), del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, con el apoyo de la Embajada de Suecia y la OIM, indica que 218.060 miembros de la institución y sus familias fueron víctimas de desplazamiento forzado y despojo de tierras, producto del conflicto armado colombiano: 22.059 casos ocurrieron durante la prestación del servicio, 37.136 casos sucedieron después del retiro y 158.865 casos fueron víctimas antes del ingreso a la institución.
“Visibilizar este dolor y esas victimizaciones es un escenario de reparación simbólica. El despojo de tierra es un crimen aberrante que ha sido usado por grupos armados”, dijo el brigadier general Javier Alberto Ayala Amaya, comandante del CCOET.
El informe detalla que la tierra perdida por los militares activos o en retiro y sus familias pudo haber ascendido a 440.000 hectáreas, una extensión comparable con la del departamento de Risaralda. A su vez, da a conocer que los departamentos donde se presentaron más casos de desplazamiento y despojo a militares durante su tiempo de servicio fueron Antioquia, Tolima, Caquetá y Valle.
Leonel Figueroa, una de las víctimas, aseguró: “Yo tenía orden de no volver a la finca de mis padres. Al otro día los grupos armados me sacaron de la finca, sufrí desplazamiento y me tocó venirme a Bogotá donde una amiga. Una vida sin mi familia, sin la tierra en la que había crecido y empezar en la capital trae muchas dificultades. Mis padres también tuvieron que abandonar sus tierras, casi regalándolas por el miedo a los grupos armados. Era la finca o sus vidas”.
Las afectaciones significaron la ruptura del núcleo familiar, impactos psicosociales y la pérdida de su patrimonio comprendido por tierras, viviendas, cultivos, animales y vehículos.
Organizaron: Comisión de la Verdad en alianza con Foros Semana, con el auspicio de la Unión Europea.