El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó el pasado 31 de diciembre un cese al fuego por un periodo de seis meses, entre el primero de enero hasta el 30 de junio de este año.
La medida cobijó, inicialmente, a cinco organizaciones armadas ilegales: el ELN, Segunda Marquetalia , Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el grupo Sierra Nevada.
Cuatro días después, ante la posición asumida públicamente por el ELN, según la cual se debería llevar a la mesa de diálogo el protocolo del cese al fuego, el Gobierno decidió “suspender los efectos jurídicos del decreto 2657 del 31 de diciembre del 2022 y en el siguiente ciclo se reactivaría el diálogo sobre este particular”.
“El cese tendrá como objetivo principal suspender la afectación humanitaria de la población en general y, en particular, de las comunidades étnico-territoriales y campesinas y a la Nación, suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública y las organizaciones al margen de la ley mencionadas”, señaló en su momento el ejecutivo.
De acuerdo con el anuncio del Gobierno, este proceso tendría la verificación nacional e internacional a cargo de la Misión de Verificación de la ONU, MAPP/OEA, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo.
Precisamente, este último organismo estregó este miércoles un detallado informe sobre lo que ha sucedido en varias zonas del país desde que se inició el cese al fuego.
En ese sentido, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis señaló que entre el 21 de enero y el 17 de febrero, se han registrado 24 hechos violentos en municipios de distintas zonas del país, especialmente de la Región Caribe y el occidente del país.
Indicó que en ese periodo “las acciones bélicas por parte de los grupos armados ilegales de que tratan los Decretos del Gobierno nacional no se han detenido, ni tampoco las afectaciones a la población civil”.
De acuerdo con el segundo boletín sobre la Situación de Derechos y Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el marco de la declaratoria de cese al fuego, para el lapso entre el 21 de enero al 10 de febrero de 2023, se identificaron cinco acciones bélicas que involucraron directamente a la Fuerza Pública y al Comando Coordinador de Occidente (CCO) de la facción disidente de las antiguas Farc, denominada Estado Mayor Central.
En este caso en específico, “los hechos ocurrieron en el departamento del Cauca, en zonas que cuentan con Alertas Tempranas vigentes y en proceso de seguimiento”.
“El 23 de enero se dio un hostigamiento contra el Ejército Nacional en Buenos Aires; el 3 de febrero, un hostigamiento a la Estación de Policía de Corinto; el 9 del mismo mes, enfrentamientos armados en Argelia; al siguiente día, hostigamientos contra el Ejército y la Policía de Corinto, y el 12 de febrero se presentaron combates entre fuerza pública y guerrilla en zona rural de Balboa”, se informó.
Frente a las acciones en ese departamento, Camargo Assis señaló que se hace un “especial seguimiento y un llamado a las autoridades por la estabilidad y la defensa de los derechos humanos en Cauca, ante los continuos hechos de violencia que impactan a la comunidad”.
“Sin dejar de lado que en esta región hay vulneraciones a los derechos humanos, en los 21 días de los que trata el segundo informe también se identificaron situaciones que, aunque no tuvieron lugar directamente entre fuerza pública y alguno de los grupos aludidos en los Decretos del Gobierno nacional, sí generaron impactos humanitarios y/o de vulneración a los derechos humanos o al DIH”, explicó.
En cuanto a estos hechos, se denunció que en la región Caribe las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) “buscan perpetuar el orden violento a través de la instauración del miedo entre sus habitantes, la imposición de normas de convivencia, la regulación de la vida cotidiana y la suplantación del Estado, como ocurre en Córdoba, Sucre y la Subregión de los Montes de María de Bolívar y Sucre”.
Adicionalmente, otros hechos de profunda gravedad se relacionan, por ejemplo, con la masacre el 16 de febrero de tres personas en El Cerrito (Valle del Cauca).
El 30 de enero, en el municipio de Campamento (Antioquia), se conoció la masacre de tres jóvenes que fueron asesinados luego de ser citados y fotografiados por miembros presuntamente de la Facción disidente del Frente 36 de las Farc.
En el informe se indicó, además, que es motivo de profunda preocupación la grave situación humanitaria que se registra actualmente en la subregión Telembí del Pacífico Nariñense, específicamente en los municipios de Roberto y Magüí Payán, donde tienen lugar intensos combates entre facciones disidentes de la Farc, adscritas a la Segunda Marquetalia y al CCO del denominado Estado Mayor Central.
El organismo señaló que los impactos de dichas acciones sobre la población civil abarcan desplazamientos masivos, suspensión de clases para niños, niñas y adolescentes, e incluso graves afectaciones contra la vida e integridad física de algunos de sus habitantes.
“Seguimos instando a que se adopten las recomendaciones formuladas en nuestras Alertas Tempranas y a que, en paralelo a las disposiciones normativas y de mutuo acuerdo que sean adoptadas en materia de paz y de cese al fuego, el Estado colombiano afiance sus esfuerzos en materia de prevención de violaciones a los derechos humanos y al DIH en los territorios donde los cuatro grupos señalados tienen algún tipo de actuación”, concluyó Camargo Assis.
Consulte el documento de la Defensoría del Pueblo sobre las acciones que se han presentado tras la expedición de los decretos de cese al fuego.