La Procuraduría General de la Nación interpuso una acción de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación del Vichada por considerar que se vulneraron los derechos fundamentales de más de 3.000 niños que, durante el periodo comprendido entre febrero y mayo del presente año, han estado desescolarizados por la falta de prestación del servicio y entrada de funcionamiento de 41 residencias escolares ubicadas en los municipios de Cumaribo, La Primavera, Puerto Carreño y Santa Rosalía, en el departamento.
“Teniendo en cuenta que el Programa de Residencias Escolares es una estrategia de acceso, bienestar y permanencia para los niños, niñas y adolescentes que habitan en zonas rurales de compleja movilidad en el departamento con ausencia de oferta educativa, lo que se constituye en un factor de riesgo que incide notablemente en la permanencia de los niños en el sistema escolar”, señala la Procuraduría.
El Ministerio Público pidió, como medida provisional a la Gobernación del Vichada, “disponer en forma inmediata la prestación del servicio del Programa de Residencias Escolares en este departamento y garantizar el amparo de los derechos fundamentales a la educación, alimentación y dignidad de los niños, niñas y adolescentes de esta región del país”.
Igualmente, ordenó al Ministerio de Educación Nacional que “los giros para las instituciones educativas que implementan esta estrategia, se hagan de manera anticipada, al inicio escolar de las vigencias futuras”.
Para que no se repitan estas situaciones que afectan los derechos de la población infantil que asiste a las instituciones educativas que implementan esta estrategia, el órgano de control conminó a las dos entidades para que adelanten las gestiones presupuestales, administrativas y contractuales pertinentes con la debida anticipación para garantizar el servicio.
El panorama de deserción escolar
En 2020, un total de 243.801 estudiantes de colegios desertaron del sistema educativo, un panorama que generó un rezago en el aprendizaje de la niñez y la adolescencia del país, y que se ve reflejado en el desempeño global de los estudiantes de grado 11 en las pruebas Saber de 2021: fue el más bajo en los últimos siete años, con un promedio de 250 puntos sobre 500.
Para la directora ejecutiva de Save the Children Colombia, María Paula Martínez, el impacto de la pandemia afectó la asistencia de los niños y las niñas al colegio principalmente por tres razones: falta de acceso a conectividad y dispositivos, necesidad de otro ingreso económico y cuidado de adultos y hermanos.
Cifras del Dane de 2021 revelaron que la inasistencia aumentó el 13,7 % y en zonas rurales el 30,1 %. ”Hay que aumentar en 25 % (8,2 billones de pesos) los recursos que se transfieren del Sistema General de Participaciones (SGP) al sector educativo para el mejoramiento de la calidad educativa. Es urgente reducir las brechas en zonas rurales a través de formación a docentes para el desarrollo integral, y se debe aprovechar la apertura a la innovación pedagógica con el fin de repensar currículos pertinentes en los territorios”, precisó Martínez.