El Programa de Alimentación Escolar, PAE vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez la Contraloría General de la Nación advirtió que por lo menos 30 mil niños y niñas del sistema de educación pública no recibirán en el arranque de su año escolar su alimentación.
Los rajados son dos departamentos y siete municipios del país que, según la Contraloría, a pesar de haber recibido los recursos, $127 mil millones de pesos, presentan riesgo de incumplimiento por una ineficiente planeación para la realización de los procesos de contratación.
En la lista están los departamentos de Córdoba y Sucre y los municipios de Valledupar, Yopal, Santa Marta, Quibdó, Buenaventura, Neiva y Ciénaga.
Estas nueve Entidades Territoriales Certificadas (ETC) proyectan iniciar la prestación del servicio de alimentación escolar, 30 días después del inicio del calendario escolar. La Contraloría recordó que desde diciembre del 2022, a estas nueve ETC les fueron asignados más de $124 mil millones para la vigencia 2023 destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE).
El caso que más preocupa a la Contraloría es el de Ciénaga, Magdalena, debido al riesgo de suspensión del PAE en dos semanas por escasa planeación contractual.
A corte del 23 de enero de 2023, Yopal y Neiva declararon desierto el proceso de contratación; Sucre planea iniciar el 15 de marzo; Córdoba está sin prórroga; Santa Marta no ha iniciado proceso de contratación; Valledupar recién empezó proceso de adjudicación; Buenaventura informó estar en rueda de negocio bursátil y Quibdó adjudicó ese mismo 23 de enero.
El organismo de control advirtió la situación de Ciénaga, que durante la vigencia 2022 entregó únicamente Ración Industrializada y, en 2023, inició oportunamente su operación, pero corre el riesgo de suspensión del PAE, por contar con sólo dos semanas de ejecución a través de recursos de vigencias futuras.
A este mismo corte, reveló la Contraloría de las 97 Entidades Territoriales Certificadas, 60 iniciaron calendario escolar el pasado 16 de enero, y sólo 45 de estas dieron inicio a la prestación del servicio PAE, por lo que desde las competencias preventivas que tiene la Contraloría, se hace igualmente un llamado de atención a las 15 Entidades Territoriales Certificadas que no cumplieron con este criterio.
La Contralora Delegada para la Participación Ciudadana, Alexandra Rodríguez Vela, recordó que “El acatamiento a los principios de planeación en los procesos de contratación deben prevalecer en el territorio nacional para garantizar que el servicio de alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar, cómo se determina en la ley.
Hallazgos de la defensoría
Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela que en cuatro departamentos donde se hizo una revisión preliminar del PAE se encontró que el 16 % de las instituciones educativas no cuenta con cocina, el 26 % no tiene un lugar de almacenamiento, el 15 % carece de comedor y el 22 % no dispone de un sitio para la refrigeración de alimentos.
También se encontró que a muchos estudiantes se les entregan más productos de panadería que proteínas en los almuerzos, alimentos altos en azúcares y raciones que no cumplen las medidas establecidas.
Igualmente, quedó en evidencia que los tiempos para que los estudiantes almuercen son insuficientes y que hay desperdicio de alimentos. Los hallazgos corresponden a una auditoría que hizo la Defensoría del Pueblo a instituciones educativas en Boyacá, Chocó, Córdoba y La Guajira.
En las visitas se observaron productos de panadería que no aportan el componente nutricional establecido en las minutas, las cuales exigen que las raciones deben contener variedad y todos los grupos de alimentos. Al respecto, los niños y niñas expresaron que los alimentos suministrados eran repetitivos y con exceso de dulce y harinas.
Así mismo, fue notorio el alto desperdicio de alimentos por los estudiantes, quienes desechan gran parte de las raciones servidas.
Por eso la Defensoría hizo un llamado a las instituciones educativas y a las familias, para generar conciencia en niños, niñas y adolescentes sobre el consumo apropiado de alimentos.
“De manera especial, desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las entidades territoriales para que realicen un ejercicio de verificación que permita identificar el número de estudiantes que necesitan la atención del Programa y así disminuir el riesgo de pérdidas de alimentos y evitar que su almacenamiento en las sedes educativas se haga por periodos prolongados”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.