En medio de la insistencia que ha tenido el presidente Gustavo Petro con su idea de una constituyente y ahora con la propuesta de fast-track para implementar de manera rápida el Acuerdo de Paz con las extintas FARC, un grupo de 600 dirigentes políticos le enviaron una carta al mandatario pidiéndole que respete la Constitución y la ley.
En el documento aparecen firmantes como la exsenadora y excandidata presidencia, Ingrid Betancourt Pulecio; el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño; el escritor, Juan Carlos Botero Zea; el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría; la experta economista, Rosario Córdoba Garcés; la viceministra de Hacienda, María Mercedes Cuéllar López; y la exconsejera de la Presidencia, María Isabel Nieto, entre otros.
La carta cita que “movidos por una profunda preocupación por el irrespeto que observamos frente a las instituciones y a quienes las integran, solicitamos al Presidente de la República honrar su juramento ante el pueblo colombiano de respetar la Constitución y las leyes y, en consecuencia, cumplir con el mandato constitucional de simbolizar la unidad de la Nación, garantizar los derechos y libertades de todos y cesar sus expresiones agresivas que podrían desencadenar actos de violencia política”.
Dentro de las peticiones también exigen reconocimiento a la independencia de las ramas del poder público, con una colaboración respetuosa y armónica como lo pide la Constitución, un llamado que se da después de que el presidente Petro le dijera a la Corte Constitucional que actúe “con ojos de amor” sobre el análisis de la reforma pensional, lo que para algunos sectores fue una presión indebida a la justicia colombiana.
“La obligación del presidente de la República de unir a la Nación alrededor de propósitos superiores, le obliga a abstenerse de una retórica encaminada a dividirnos y a enfrentarnos. Es deber de todos los funcionarios usar un lenguaje ponderado y respetuoso, en especial cuando se refieren a otras instituciones, a los integrantes de órganos judiciales o de control, o a quienes ejercen el derecho a disentir”, dice el documento.
En la misiva, los 600 firmantes también le piden al mandatario respetar y defender los derechos humanos, frente a la delicada situación de orden público que se está presentando en varias regiones del país como Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Nariño, entre otros.
Específicamente, le recuerdan al jefe de Estado “hacer efectivo el derecho de los colombianos al desplazamiento en todo el territorio nacional, sin temor a ser víctimas de atracos, secuestros o asesinatos. Para ello, es necesario garantizar que el monopolio de la fuerza esté radicado exclusivamente en cabeza del Estado y combatir su ejercicio por parte de grupos armados ilegales”.
Y es que, recientemente, el presidente Gustavo Petro ha vuelto a hablar del poder constituyente, en medio de un discurso que dio el pasado 16 de julio desde la plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. En su intervención, aseguró que esa figura del poder constituyente, la cual tiene en alerta a varios sectores políticos, según él, no es para buscar su reelección. Sin embargo, habló de reelegir un buen gobierno y una buena política.
“A la clase media que vino aquí a esta plaza pensando que le íbamos a quitar la pensión, igual que dijeron cuando se firmó el acuerdo de paz, que los guerrilleros se iban a quedar si dejaban las armas con la pensión de los viejos, yo les digo desde aquí, les mintieron, los engañaron, los engañaron tal cual llevan a los viejos en los días de elecciones de la mano de unas señoritas o de unos señores a votar por el que les va a quitar su pensión, por quien va a ser su verdugo, engañados, hoy aquí estamos haciendo algo importante, no solo dar un bono pensional”, sostuvo Petro.