Un grave panorama que afecta directamente a los niños, niñas y adolescentes del país se está viviendo con la contratación del Plan de Alimentación Escolar en varios colegios de Colombia. La Procuraduría le puso la lupa a lo que está ocurriendo con el PAE en pleno arranque de periodo escolar.
La dura advertencia del ente de control da cuenta de que en varios departamentos del país como Atlántico, Antioquia, Bolívar, Sucre y Meta las administraciones se rajaron están rajando para dar inicio al Programa de Alimentación Escolar, y hoy más de 74 mil niños se encuentran sin acceso al programa.
Mientras que en unas zonas el servicio ni siquiera ha sido adjudicado, en otros lugares la operación avanza apenas a media marcha. Por ejemplo en los municipios de Girardot, Cundinamarca; y en Sincelejo, Sucre; la Unidad de Alimentos por Aprender, Uapa, envió un informe donde registró que el proceso de licitación del PAE hasta ahora va en etapa contractual, lo que está afectando el derecho a la alimentación de más de 54 mil niños en por lo menos 43 Instituciones Educativas.
El gran interrogante en medio de todo es qué va a pasar con la alimentación de los dos meses que ya pasaron del periodo escolar 2024. Pero esta situación no solo ocurre en Cundinamarca y Sucre, sino que también se replica en departamentos como Antioquia, Atlántico y Meta, donde la implementación del PAE va a paso de tortuga.
“En Antioquia, por ejemplo, las poblaciones de Abejorral, Amaga, Ciudad Bolívar, Fredonia, Heliconia, Jericó, Puerto Berrio, San Pedro de Uraba, Titiribí, Urrao y Venecia presentan tropiezos para avanzar en el PAE, situación que está afectando a más de 20 mil beneficiarios”, informó la Procuraduría.
Frente a esta grave situación, el ente de control llamó la atención a las autoridades competentes sobre este tema y terminaron en una solicitud de información para saber el estado y los avances de los procedimientos contractuales que actualmente se adelantan para la oportuna prestación de ese servicio.
En esa respuesta se debe precisar las razones operativas, técnicas y jurídicas por las que se estarían presentando los retrasos en la implementación del Programa de Alimentación Escolar en esos departamentos. Adicionalmente, la Procuraduría anunció que intensificará las acciones para defender los derechos de los menores que están siendo vulnerados con estos retrasos.
La compleja situación se conoce apenas una semana después de que la Corte Suprema de Justicia condenará a más de 21 años de cárcel al exgobernador del César, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por participar en un entramado de corrupción que terminó afectando el PAE en ese departamento en el año 2015.
La justicia lo encontró responsable de adjudicar un millonario contrato por más de 17 mil millones de pesos que, después, tuvo serios sobrecostos sobre la comida que se compró para los niños del César. Uno de los casos más escandalosos fue la compra de kilo de hígado a más de 65 mil pesos, cuando para la época no superaba el valor de los 14 mil pesos.
El alto tribunal lo condenó al hallar que el exgobernador en la celebración del contrato vulneró los principios de planeación, responsabilidad y legalidad, lo que permitió que terceros terminarán apropiándose de recursos públicos que, lo más grave, es que estaban destinados para la alimentación de los niños, niñas y adolescentes del departamento.
Hace menos de un mes la representante a la Cámara, Alexandra Vásquez, también denunció serias irregularidades en el PAE de Soacha, Cundinamarca, al evidenciar que para el contrato de 20 mil millones de pesos que, según cronograma, se debió adjudicar el pasado 8 de marzo, se presentaron varias Uniones Temporales que tienen antecedentes cuestionables en servicios parecidos.