Con la llegada de la Navidad y el fin de año, miles de empleados empiezan a hacer cuentas con el sueldo y la prima decembrina para los gastos que se avecinan, pero más de 8.000 personas vinculadas laboralmente con la Unidad Nacional de Protección (UNP) estarían pasando por una compleja situación que se habría presentado con el presupuesto asignado a los operadores privados.
En diálogo con SEMANA, el presidente del Sindicato Nacional de Profesionales de la Seguridad (Sinproseg), Óscar Javier Rivera, explicó que “la semana pasada, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, citó a los operadores privados para informarles que no les iba a pagar la factura, que ese mes no iba a haber facturación toda vez que necesitaba el recurso para un tema de contrato de vigilancia electrónica”.
Según Rivera, el presupuesto que la UNP le debería pagar a los operadores privados en esta época no solamente cubre el salario de quienes brindan el servicio a la entidad, sino además la prima decembrina y pagar dotaciones del próximo año.
“Son más de ocho mil escoltas tercerizados del programa de protección, que ya hoy los operadores nos dicen: ‘Es que la UNP no me va a pagar, voy a estar en problemas con ustedes, no tengo con qué pagarles’. Pero tampoco es el derecho de las cosas de que el director coja los recursos que son del contrato de escoltas tercerizados, para otros contratos que no tienen nada que ver con el programa de protección”, dijo el presidente del Sindicato de Profesionales de Seguridad.
Los operadores privados son las empresas contratistas que suministran los servicios de protección de la Unidad Nacional de Protección y, según Óscar Rivera, suministran por lo menos el 90 % de los escoltas que integran los esquemas de seguridad de sindicatos, líderes sociales, ministros y senadores. Por eso hoy se hablaría de un riesgo inminente ante lo que sería la falta de presupuesto para ese personal.
Rivera advirtió que “si a nosotros como trabajadores no nos aparece la nómina, pues sencillamente si no hay trabajo, si no hay plata, pues no hay cómo trabajar. Nosotros no estamos obligados a salir a trabajar si no se nos paga nuestro salario y sabemos que el derecho a la vida, porque tienen a decir que es que el derecho a la vida es algo que no se puede vulnerar, pero lo están vulnerando a ellos al no pagarles a nuestros empleadores la plata para que nos paguen nuestro salario”.
La Unidad Nacional de Protección verifica la denuncia para dar una respuesta concreta sobre la directriz que habría dado el director de la entidad Augusto Rodríguez y el efecto colateral que se pudo generar con la falta de pago a las empresas privadas que tienen en la actualidad un contrato que cumplir.