La Procuraduría General de la Nación presentó las conclusiones de dos recientes informes realizados por el ente de control, a fin de revisar el estado actual y visibilizar alertas sobre la activación de las rutas de atención, protección y acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

No es para menos. Según cifras evidencias en días pasados por Defensoría y Medicina Legal, entre el primer trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022, el homicidio, la violencia intrafamiliar, la violencia institucional y el suicidio registró un aumento mayor al 13%.

Los resultados de este informe, fueron socializados en un evento virtual, que contó con la participación de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, representantes de ONU Mujeres, de mujeres lideresas y organizaciones que trabajan por las mujeres, comisarios y comisarias de familia, personerías, funcionarios de gobernaciones y alcaldías, entre otros.

El primero de los informes, que fue presentado por la Procuraduría, y que abordó la crítica situación de funcionamiento de las comisarías de familia a nivel nacional. Llama la atención que, de las 668 comisarías de familia evaluadas:

• Solo el 52 % cuentan con un equipo interdisciplinario completo y permanente, que en un 23 % se encuentra de manera ocasional y en el 25 % no existe un equipo completo que cumpla con el marco normativo.

• Solo el 47 % cuentan con un sitio para la atención de víctimas en condiciones de privacidad con una infraestructura suficiente y accesible.

• En al menos el 18 % de las comisarías, hacen falta puestos de trabajo para los funcionarios.

• La realidad de las comisarías en el año 2021, fecha en la que se recolectó la información, es similar a la evaluada en el 2011 y 2018, lo que permite inferir que no existen proyectos correctivos.

La Procuraduría General de la Nación en el informe, conocido por SEMANA, le pide a los alcaldes para que desarrollen estrategias orientadas a mejorar las condiciones de las comisarías de familia, “que incluyan el presupuesto y las acciones necesarias para hacer sostenible el fortalecimiento permanente de las comisarías, preservando la salud mental de los funcionarios y garantizando la prestación del servicio de administración de la justicia familiar”.

La atención a la tercera edad, ¿qué está ocurriendo?

La pandemia del coronavirus desnudó una situación delicada para los mayores de 60 años, que no solo fueron los más afectados por las restricciones adoptadas por el Gobierno nacional, debido a que se trata de una población de alto riesgo de contagios, sino porque muchos fueron víctimas de violencia intrafamiliar.

Frente a esta última situación, la Defensoría del Pueblo ha recibido denuncias contra varias Comisarías de Familia que han negado la atención a personas que han sido maltratadas y que han acudido a esas dependencias a poner en conocimiento de sus funcionarios estos hechos.

Ante las reiteradas quejas, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado a los y las Comisarios y Comisarias de Familia en todo el territorio nacional, para recordarles sus obligaciones legales de brindar, sin ningún tipo de barrera, una atención efectiva, oportuna y pertinente a las personas mayores.

La entidad recordó que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, viene alertando desde tiempo atrás, sobre el preocupante y sostenido aumento de los hechos fatales como no fatales cometidos contra las personas mayores.