Luego de conocer las denuncias respecto a la tirilla de contratos que recibió la esposa de Andrés Mauricio Mayorquín, funcionario del Departamento Administrativo de la Presidencia - Dapre, esa entidad le pidió la renuncia. Pero los líos para el ahora exfuncionario no se detienen allí, la Fiscalía abrió una investigación preliminar con el ánimo de establecer si hubo irregularidades en la celebración de esos contratos.
El ente acusador advirtió que la investigación se abrió de oficio y de manera preliminar para determinar si las conductas cometidas o advertidas en las denuncias corresponden algún delito como celebración indebida de contratos o contratos sin incumplimiento de los requisitos legales.
“La Fiscalía dará inicio a una indagación que permita esclarecer si en la adjudicación de contratos se presentaron irregularidades en su selección. Esta se realizará de oficio de acuerdo a lo que se ha publicado en medios de comunicación con la finalidad de esclarecer responsabilidades”, explicó la Fiscalía.
Las denuncias que ahora son revisadas por la Fiscalía advierten que mientras Mayorquín se desempeñó como funcionario del Departamento Administrativo de la Presidencia, su esposa, karen Liseth Vaquiro, recibió al menos 24 contratos con diferentes entidades que sumaron más de 1200 millones de pesos y todo en menos de dos meses.
Al respecto el director de esa entidad, Víctor Muñoz, aseguró que no tenía conocimiento del vínculo familiar que existía entre Váquiro y el funcionario, que a pesar de conocer las inhabilidades que le correspondían por ese vínculo, le apostaron a quedarse con los millonarios contratos.
Mayorquín se desempeñó en las últimas semanas como asesor de María Paula Correa, la jefe del gabinete del presidente Iván Duque, ella también advirtió que desconocía los vínculos familiares que tendría la contratista con el funcionario, de ahí que le pidieron la renuncia que fue aceptada de manera inmediata.
Según el director del Dapre, la contratista y esposa del exfuncionario, actualmente no tiene contratos con ninguna entidad, de acuerdo con los sistemas de registro de la contratación pública, sin embargo, advirtieron que estarán pendientes a las denuncias que se han publicado en diferentes medios de comunicación.
El trabajo ahora es para la Fiscalía y los investigadores de la unidad anticorrupción de la entidad, que tendrán que verificar desde el origen y adjudicación de los contratos, sí hubo irregularidades en la celebración de los mismos. Para hacerlo será necesario escuchar en diligencia de interrogatorio a las personas que aparecen vinculadas con este nuevo escándalo.
En la lista de llamados a declarar, seguramente estarán los funcionarios que revisaron la documentación, dieron el aval para la firma de los contratos y quienes finalmente los adjudicaron. Todos tendrán que entregar su versión para establecer si se cometieron delitos y de paso se podría llegar, incluso, a una eventual imputación de cargos.
Por ahora el asunto se encuentra en etapa preliminar. Los analistas revisarán los detalles de la firma de esos contratos, si incurrieron en algún conflicto de intereses y si la contratista, es decir la esposa del exfuncionario, conocida de las inhabilidades, apenas obvias, en la firma de esos contratos.