El 6 de octubre de 2000, dos líderes de derechos humanos desaparecieron en la ciudad de Medellín, fueron interceptados por hombres armados que se los llevaron. Desde entonces, se desconoce su paradero y parte de la responsabilidad cayó en la Policía del departamento de Antioquia y en el hoy general en retiro Mauricio Santoyo.
Las víctimas fueron identificadas como Ángel José Quintero y Claudia Monsalve, los dos salían de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos cuando fueron secuestrados y desaparecidos. El día de su desaparición estaban denunciando que otros padecían la misma tragedia que luego compartieron, su desaparición.
Fue la Comisión Colombiana de Juristas la que se encargó de hacer acompañamiento a las víctimas y conseguir que, casi 24 años después de la desaparición, la Fiscalía dictara una resolución de acusación en contra del general Santoyo y estableciera su presunta responsabilidad en los hechos materia de investigación.
Con la resolución de acusación lo que busca la Fiscalía es una condena en contra del oficial en retiro, que ya tiene otra lista de procesos con la Justicia Especial para la Paz (JEP), incluso fue extraditado a Estados Unidos por el delito de narcotráfico; ahora lo que se espera es conocer el material probatorio que tiene el ente acusador para enfrentarse en juicio contra el general en retiro.
Mauricio Santoyo se incluyó en la Justicia Especial para la Paz con el compromiso de contar todos los hechos relacionados en el marco del conflicto armado y la presunta alianza que existía entre miembros de la Fuerza Pública y paramilitares. Fue condenado y recientemente solicitó la libertad ante esa jurisdicción, pero le fue negada.
En este caso relacionado con la desaparición de los líderes de derechos humanos, el ente acusador está convencido de demostrar la responsabilidad del general en retiro en los hechos que fueron objeto de investigación, además de otros miembros de la Fuerza Pública que resultaron comprometidos.
El general en retiro Mauricio Santoyo tiene matrícula condicional en la Justicia Especial para la Paz, varias advertencias han salido sobre lo que realmente aportará en esa jurisdicción respecto a la verdad y los hechos que lo comprometieron en el conflicto armado, en esa alianza con los grupos criminales.
Las víctimas, de manera reiterativa, han manifestado que la Policía y —en general— los agentes del Estado estuvieron comprometidos en los hechos criminales en el departamento de Antioquia, entre ellos la desaparición de los líderes defensores de derechos humanos que ahora aparecen en el expediente.