Luego de hacer efectivas las órdenes de captura en contra de los 10 uniformados involucrados en el asesinato de tres jóvenes en el departamento de Sucre, la Fiscalía solicitó la legalidad de las detenciones ante una juez en la ciudad de Sincelejo. Consideró que se cumplieron todos los requisitos de ley.
La Fiscalía explicó a la jueza primera municipal con función de Control de Garantías, de qué forma se hicieron las capturas y cómo algunos procesados se entregaron a los investigadores en el propósito de hacer efectivas las órdenes de detención. Aseguró el ente acusador que se respetaron los derechos de los uniformados y se cumplió con lo que exige la ley a la hora de legalizar las capturas.
Los capturados
Los capturados en este proceso fueron los patrulleros Rafael Paz Barbosa, Jesús María Bolaños, Santiago Garavito Díaz, Álvaro Antonio Álvarez, Yamit Alfonso Henao, Uber Guillermo Mieles, Bernardo Pontón Mercado, Diana Marcela Puerta y Leila Carolina Ávila. También fue legalizada la captura de la subteniente María Camila Buriticá y el único que quedó pendiente de capturar fue el coronel Benjamín Núñez, que se encuentra fuera del país.
La Fiscalía aseguró, cuando fueron capturados los uniformados, que estarían comprometidos con el asesinato de tres jóvenes en vías del departamento de Sucre, luego de un operativo que adelantó la Policía, tras el asesinato de un patrullero en el municipio de Sampués, a manos del Clan del Golfo.
“Los jóvenes fueron presentados como neutralizados por uniformados. Sin embargo, la Fiscalía, apenas tuvo conocimiento de lo ocurrido, destacó desde la Delegada para Seguridad Territorial y del CTI un equipo itinerante para esclarecer lo ocurrido”, señaló la Fiscalía.
En audiencias concentradas, la Fiscalía espera imputar cargos por delitos relacionados con homicidio, tortura y prolongación ilícita de la libertad. En criterio de los investigadores, las pruebas dejan a los procesados como responsables de participar en los hechos que desencadenaron en una tragedia para tres familias y la comunidad del municipio de Chochó, en Sucre.
“Se adelantaron 196 actividades de campo, criminalística y forense. Lo anterior en cumplimiento a más de 44 órdenes de policía judicial como inspección técnica a cadáver, necropsias medicolegales con protocolo de Minnesota, fijaciones fotográficas en el lugar de los hechos”, explicaron los investigadores.
Luego de legalizar las capturas, la Fiscalía se encargará de demostrar los hechos y las pruebas que dejan a los 10 uniformados capturados y el coronel que falta por detener, como los presuntos responsables del triple homicidio, las torturas y la retención ilegal de las tres víctimas. Ante la jueza, la Fiscalía deberá demostrar por qué solicitó las capturas y bajo qué argumentos hace la imputación de cargos.
La Fiscalía insistió en que las capturas se hicieron efectivas en el marco de las órdenes emitidas por un juez de Garantías en Bogotá. Sin embargo, la defensa de los procesados aseguró que si bien las órdenes fueron emitidas por un juez, las partes no fueron invitadas a las audiencias y por tanto no conocieron los argumentos de los fiscales para insistir en la detención de sus clientes.