Los agentes de policía participaron en un festín de tortura, así clasificó la jueza de Control de Garantías que resuelve la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario presentada por la Fiscalía General en contra de diez policías señalados de participar en los actos de retención, tortura y asesinato de tres jóvenes en zona rural del municipio de Chochó (Sucre).
Teniendo en cuenta la evidencia presentada por la Fiscalía General, entre las cuales se encuentra un informe de necropsia, los tres jóvenes fueron golpeados de manera sistemática en todo su cuerpo. “Se relacionan heridas en manos, cara, cabeza, cuello, extremidades, no solamente los impactos de arma de fuego. Estos jóvenes tenían heridas con arma blanca, uno de ellos lesiones en el muslo de la pierna derecha, otro en el hombro”.
El documento pericial permitió establecer lesiones contundentes en la cabeza que dejaron heridas considerables en el cráneo. Los registros indican la existencia de rastros “circulares, como cuando se golpea a una persona muy fuertemente con un arma. Tenían una serie de lesiones que dan muestra que posiblemente en el tiempo en el que estuvieron bajo la atención del caso los primeros policías (...) participaron en ese festín de tortura, con todo respeto de la víctima, pero es la única forma de explicar cómo se presentaron esas lesiones tan graves en estas personas con tan poco tiempo y la presencia numerosa de agentes del Estado”.
La jueza manifestó que la evidencia presentada durante la imputación de cargos permite inferir que, además de los diez policías vinculados y el coronel Benjamín Núñez, otros agentes habrían tenido conocimiento y participación en estos escabrosos hechos, sirviendo de apoyo tanto para la retención de los jóvenes como la tortura. Igualmente, advirtió que muchos testigos citados por los abogados de los procesados habrían faltado a la verdad con el fin de cambiar el tiempo, modo y lugar de los hechos.
El pasado 24 de agosto, la Fiscalía General completó la imputación de cargos, de acuerdo con la responsabilidad de cada uniformado, por los delitos de homicidio, tortura y privación de la libertad. Para el fiscal, las pruebas advierten de qué modo los jóvenes fueron víctimas de un homicidio, antecedido por unas torturas. Tras la pregunta de la jueza de garantías todos los policías se declararon inocentes.
Por la gravedad de los hechos y el riesgo que evadan la acción de la justicia, la Fiscalía General pidió cobijar con medida de aseguramiento a los policías. La posición fue avalada por los representantes de víctimas quienes señalaron que existe temor por las represalias y la manipulación de los elementos materiales probatorios, así como las amenazas a los testigos presenciales.
Igualmente, la procuradora del caso hizo un fuerte llamado de atención por la forma en como actuaron los agentes de Policía, calificándolo como un acto vil y cobarde. Los agentes, según reseñó, se dividieron las funciones para ejecutar a los tres jóvenes a quienes señalaron de tener vínculos con la banda criminal del Clan del Golfo y de haber participado en el crimen de un policía en medio del denominado plan pistola que se registró en la región.
Fue de esta manera en que los jóvenes fueron retenidos “por mera sospecha”, sometidos a toda clase de vejámenes, golpeados, torturados, amenazados y ultimados. Las pruebas documentales indican que fueron montados a la fuerza a una camioneta para luego arrojarlos “como si no fueran nada” en la estación de Policía del municipio.
Los agentes que no participaron en esta acción guardaron silencio y ocultaron toda la información. Igualmente, hicieron todo lo posible por borrar la evidencia de la camioneta, para lo cual la mandaron a lavar y poner una tela que ocultara las marcas de las balas. “Son hechos muy graves (…) estas actuaciones de estos servidores se tornaron dictatoriales, tomaron justicia por su propia mano”.
Insistió que su formación les permitía saber que lo que estaban haciendo era totalmente ilegal, puesto que su función, si se presenta la situación, es presentar ante los sospechosos ante la Fiscalía General. “Violaron todos los derechos humanos que tenían estas personas, la dignidad humana, no fueron solidarios con estos jóvenes”.
Parafraseando una canción de Shakira, la procuradora delegada indicó que “todos fueron sordos, ciegos y mudos, nadie fue capaz de hablar, de hacer justicia”, puesto que pese a ser testigos de esa atrocidad guardaron silencio y miraron para otro lado. Fue gracias a las denuncias de la ciudadanía que se pudo comprobar todo lo que había ocurrido.