En las audiencias por el asesinato de tres jóvenes en Sucre, identificados como Jesús David Díaz Monterroza, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo, cuya muerte sería responsabilidad de uniformados, quienes presentaron el deceso como el abatimiento de miembros del Clan del Golfo, los delgados de la Fiscalía presentaron como parte del material probatorio para la imputación de 11 policías las pruebas sobre el interés de algunos de ellos por eliminar las evidencias del crimen.
Parte del material probatorio presentado apunta a la intención de encubrimiento por parte del patrullero Jesús María Bolaños Castro, por interferir en las respectivas investigaciones al intentar borrar parte de las evidencias referidas a los rastros de bala en uno de los vehículos involucrados en la ocurrencia del asesinato de los tres jóvenes, y que tienen al excomandante operativo de la Policía en Sucre, coronel Benjamín Núñez, actualmente prófugo de las autoridades, como el principal señalado de la muerte de los ciudadanos.
De acuerdo con la evidencias presentadas por la Fiscalía, el patrullero Bolaños Castro, quien era el conductor de uno de los vehículos involucrados, recurrió a un taller de mecánica, conocido en la ciudad de Sincelejo como “El Negro”, para encargar un “trabajito”, referido al ocultamiento de cinco huecos productos de impactos de bala en la parte trasera del vehículo 550840, de la Policía Nacional, correspondiente a una camioneta Nissan Frontier.
Dicha diligencia, según las pruebas testimoniales recabadas por el ente investigador, tuvo lugar entre el 25 y 28 de julio pasados, fechas previas a que el conductor de la patrulla la pusiera a disposición de la Fiscalía para que fueran adelantados los estudios periciales, los cuales, en un reporte inicial, publicado el pasado 4 de agosto, habían entregado un diagnóstico errado, inducido por las acciones del propio patrullero en mención.
Según el informe probatorio expuesto ante la juez del caso por el delegado de la Fiscalía, se pudo determinar que tres agentes policiales, uno de ellos el patrullero Bolaño Castro, habían llegado hasta donde “El Negro” para encargar a los empleados del lugar un “trabajo”, referido a la corrección de algunos agujeros existentes en dos vehículos, identificados con los registros internos de la institución 550837 y 550840.
En dicho lugar fueron atendidos por un ciudadano, identificado como Luis Hernando Gamarra Monterrosa, quien presta servicios como latonero y cuyo testimonio posteriormente fue recogido por los entes investigativos para poner en evidencia lo ocurrido.
De acuerdo con la la Fiscalía, Gamarra aceptó haber atendido a tres policías, identificando entre los señalados al patrullero Bolaño y a una mujer, también uniformada, a quien refirió como una ‘chica’ alta y de piel trigueña.
El latonero reveló que tras el examen de la camioneta, y la identificación de los agujeros, tres en la parte superior del platón y dos más en la parte inferior, indicó a sus ‘clientes’ que dicho proceso requería de la compra de fibra y un tratamiento especial para lograr dar a la reparación la textura propia del vehículo.
Así, Gamarra confirmó que procedió a la instalación de algunos tornillos de carrocería en las partes averiadas, así como a la fundición de la fibra. Sobre los tornillos, la descripción del latonero señala que estos eran “de pulgada o menos”.
El mecánico también afirmó que dichos tornillos fueron lijados para que “quedarán al ras de la fibra”.
Sobre los huecos identificados en el platón, el latonero refirió que se trató de tres al costado derecho, y uno más a la izquierda.
En el caso de las refracciones realizadas en la parte superior del platón, Gamarra señaló que se aplicó un ‘permé’ o pintura tipo asfáltica, que deja una textura muy similar a la ‘coarrugada’ de la fibra.
Sobre dicha pintura, el mecánico detalló que es negra y tiene un secado rápido, estimado entre las 2 y 3 horas.
A su vez, los huecos cubiertos en la parte inferior del platón fueron pintados con una pintura blanca tipo ‘poliuretano’, con un secado estimado de 20 minutos, según refirió a la Fiscalía el experto.
La Fiscalía explicó que tras recabar la versión del latonero, el pasado 16 de agosto, se realizó una nueva revisión y estudio pericial a la camioneta, guiada además por algunos detalles entregados por el latonero sobre la ubicación de los agujeros reparados, advirtiendo que pudieron ser advertidas las refacciones, y poniendo de manifiesto que Jesús María Bolaño había ocultado, de manera dolosa, parte de la verdad en testimonios previos entregados a las autoridades, en los que negó haber realizado algún tipo de refracciones a la camioneta, advirtiendo incluso que ni siquiera la había lavado.
Tras la evidencia de las refacciones, la Fiscalía solicitó a los peritos, más exactamente al funcionario Luis Alejandro Rodríguez, la corrección de su primer informe, entregado el pasado 4 de agosto, en el que este no había evidenciado ni los huecos ni las reparaciones.
El nuevo informe aclara que, en la primera revisión, dichos rastros “no eran perceptibles”, por lo que se logró establecer que dichas reparaciones, en efecto fueron realizadas entre el 25 y 28 de julio, previo a ser entregada a la Fiscalía.
Tras lo evidenciado, la Fiscalía imputó al patrullero Bolaños, además, por los delitos de manipulación, alteración u ocultamiento de material probatorio.
La Fiscalía también aclaró que al momento de sostener la entrevista con el latonero, este no tenía conocimiento del curso de la investigación.
En declaraciones previas, rendidas ante la Fiscalía, el patrullero Bolaños, había entregado su versión sobre los hechos ocurridos el día de la muerte de los tres jóvenes, afirmando que, al momento en que estas personas fueron subidas a la camioneta que él conduce, el se encontraba en el puesto del conductor y que no se había bajado para cerciorarse del estado de salud en que habían sido “cargados”, advirtiendo además que en la parte trasera se había montado el coronel Núñez, a quien reconoció por su cabeza rapada, afirmando que este mismo fue quien dio la orden de dirigirse hacia la clínica para evitar que los jóvenes ‘se desangraran’.
En aquellas declaraciones, el uniformado detalló que no tomó la vía que consideraba habitualmente rápida, porque había sido advertido de la existencia de trancones, advirtiendo que, solo activó la sirena de la patrulla en una parte del recorrido.
El patrullero, a cargo del vehículo señaló que posterior al operativo centro de la polémica, no había sospechado de la ocurrencia de acciones irregulares, pues sí evidenció sangre, pero advirtió que nunca escuchó disparos, y porque “muchas veces trasportamos gente herida que tocaba llevar al hospital. Procedimientos de captura que siempre están lesionados”.
En ese mismo sentido, dijo no haber lavado la camioneta, pero advirtió que por esos días todas las mañanas se presentaban aguaceros, declaración que fue tomada como un intento de ocultamiento de la verdad.
Afirmó a su vez que, tanto él como la teniente Camila, otra de las uniformadas presentes en el operativo, fueron aconsejados para pedir vacaciones, dados los altos niveles de tensión que se vivieron los días posteriores a la ocurrencia del fatídico hecho.
Esta es la investigación completa; SEMANA destapa todas las pruebas
Como si se tratara de un pésimo chiste, incluso inexplicable, la única declaración que rindió el coronel Benjamín Núñez, presunto asesino de tres jóvenes en el departamento de Sucre, quedó, al parecer, sin sonido. Las víctimas lo advirtieron y así lo confirmó SEMANA con el video del testimonio que parece una escena de cine mudo. El coronel mueve las manos, hace gestos y señala, pero no se escucha su voz. Las pruebas abren un capítulo de una conspiración para ocultar la verdad al inicio de la investigación, pero la coartada se desmoronó.
La declaración muda del coronel Núñez, hoy prófugo de la justicia, es apenas un renglón de una lista de hechos investigados por la Fiscalía y la misma inspección de la Policía. Las actuaciones de un grupo de investigadores llevaron a concluir cómo desde el departamento de Sucre se construyó una patraña criminal para llevar al engaño a las autoridades judiciales y convertir a las víctimas en un rezago de la guerra.
La declaración del coronel Núñez, entonces comandante operativo del departamento, fue tomada por los delegados de la inspección de la Policía en Sucre antes de hacer una asignación especial desde Bogotá, y como está muda, no se escucha el día o la hora de la diligencia. SEMANA conoció el documento que se levantó, supuestamente, como soporte de la declaración y allí se explica que el testimonio fue rendido el 30 de julio de 2022 en las instalaciones del comando de departamento. Ese documento lo firma quien hace las preguntas, pero no el coronel.
En el expediente hay una docena de declaraciones también en video y con soporte documental. La mayoría son escuchadas por el mismo funcionario de la oficina de control disciplinario número 36 del departamento de Policía en Sucre. Sin embargo, solo el testimonio del coronel Núñez tuvo una “falla” en el sonido. Además, resulta curioso que las declaraciones de otros policías quedaron con las preguntas y respuestas por escrito, pero con el oficial decidieron confiar en la tecnología.
No se trata de una simple “falla” tecnológica en la investigación. Resulta que era la única manera, hasta ahora, de confirmar, desvirtuar o añadir lo dicho por los patrulleros sobre la responsabilidad del coronel Núñez en el asesinato de los tres jóvenes. Si el coronel reconoció el crimen, entregó detalles de la participación de otros uniformados, si informó de lo ocurrido a sus superiores o negó los hechos, es una versión que solo quedará en la memoria de quien lo escuchó, pero sin ningún soporte legal.
Cuando el coronel Núñez se entregue o sea capturado, no habrá forma de controvertir su primera versión, un hecho fundamental para la investigación, pues justamente fue lo que identificó la inspección de la Policía, la Justicia Penal Militar y la Fiscalía con el resto de uniformados: versiones que fueron mutando con el paso de los días.
Al video mudo con la declaración del coronel Núñez se suman otros elementos de esa cadena de irregularidades que investiga la Fiscalía. Están los informes rendidos por el patrullero Uber Guillermo Mieles y la subteniente María Camila Buriticá, que, en criterio de la Fiscalía, se redactaron con información errada y fueron entregados dos días después de los hechos. En ese momento, tras la gravedad del caso, debieron presentarse el mismo día.
El patrullero Uber escribió en su informe que los jóvenes iban gravemente heridos y que por esa razón se solicitó apoyo. La subteniente María Camila lo confirmó en su informe al advertir que llegó a respaldar la patrulla de infancia y adolescencia que interceptó a los supuestos asesinos de un policía, quien requería su traslado a un hospital. Las versiones se convirtieron, en el caso del patrullero, en una imputación por el delito de falsedad en documento público.
La explicación que podría dejar más uniformados vinculados a la investigación, de acuerdo con algunas fuentes en el proceso, es que los policías recibieron instrucciones no solo del coronel Núñez, sino de funcionarios de la oficina jurídica en el departamento para explicar, escribir y confirmar, en coro, los hechos. No cómo los recuerdan, sino cómo resultaría, supuestamente, mejor para sus intereses.
En la mentirosa reconstrucción de los hechos hay otro dato que llamó la atención de la Fiscalía y fue expuesto en las audiencias de imputación de cargos contra los diez policías capturados: la camioneta en la que, al parecer, fueron acribillados los jóvenes tenía rastros de disparos de un patrullero, Jesús María Bolaños, quien se encargó de taparlos con la ayuda de un latonero.
El mismo uniformado aseguró ante la inspección de la Policía que la camioneta no tenía impactos de bala en el platón. Días después cambió su versión: “Me preguntaron si la camioneta tenía impactos, eso es lo que quiero aclarar, a simple vista no se veía impactos, yo la dejé a disposición de la Fiscalía…”.
El patrullero advierte de una irregularidad. Dice que, tras lavar el vehículo, descubrió unos agujeros. “Me dicen, patru, atrás hubo disparos, yo quedé con la duda, lavo la camioneta a presión y miro a simple vista y en el platón no se ven impactos... pero me agacho y veo un impacto”, dijo el uniformado.
La Fiscalía obtuvo la declaración de un latonero de la ciudad de Sincelejo, quien contó cómo a su taller llevaron la camioneta de la Policía con una solicitud particular: tapar tres orificios que estaban en el platón del vehículo. Por el trabajo, el latonero cobró 50.000 pesos y hasta le quedaron debiendo 30.000. En un dibujo explicó dónde estaba cada uno de los huecos en la patrulla (ver imagen).
Por ese intento de tapar con fibra de vidrio la evidencia, la Fiscalía imputó al patrullero Bolaños por los delitos de manipulación, alteración u ocultamiento de material probatorio, cargos que el uniformado ni sus compañeros aceptaron en las audiencias preliminares. Todos, sin dudarlo, negaron su responsabilidad en el asesinato de los jóvenes Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo.
El comandante sabía
SEMANA obtuvo una reveladora declaración de quien fue el comandante de Policía en Sucre, el coronel Carlos Andrés Correa, el mismo oficial que el pasado 25 de julio salió a los medios a explicar que, tras un enfrentamiento, fueron dados de baja tres presuntos integrantes del Clan del Golfo, responsables del asesinato de un patrullero, con apenas un mes de servicio, en el municipio de Sampués.
En su testimonio que quedó grabado en video, y este sí con sonido, el coronel Correa hace una grave advertencia. Aseguró que fue informado de la captura de tres sospechosos y que en el sitio estaban más de 100 policías agrediendo a los capturados, lo que confirma la hipótesis de la Fiscalía: a los jóvenes los torturaron antes de asesinarlos.
“Cuando el mayor Ladino, que es el comandante de Policía de Carreteras, me llama y me cuenta la situación que se estaba presentando en el sitio, me dice: ‘Mi coronel, aquí hay unas personas que retuvieron los de infancia y adolescencia, pero llegaron más policías y los están maltratando, es lo que me dice el mayor, que los estaban golpeando’”, dijo el coronel Correa en su declaración.
El oficial explicó por qué se atrevió a decir que los jóvenes capturados eran presuntos integrantes del Clan del Golfo. Aseguró que esa fue la información que recibió de los policías que participaron del operativo y solo volvió a hablar con ellos días después, cuando le contaron que una patrullera involucrada en el caso pensaba quitarse la vida. Se quería suicidar.
“Una de las muchachas estaba muy preocupada con la situación, tanto así que se quería disparar. Inmediatamente me entero de la situación. Llego a hablar con ella, llevo al sacerdote, a la trabajadora social y nos sentamos a hablar con ella y le dijimos: ‘Usted no tiene por qué hacer eso, si usted tiene alguna situación, por favor dígalo. Usted no tiene por qué cargar esta culpa’”, señaló el coronel Correa.
El oficial, que fue llamado a calificar servicios, concluyó su declaración reiterando que nunca llegó al lugar de los hechos, que estuvo reunido con autoridades del municipio de Sampués y que fue en Sincelejo donde conoció lo ocurrido, horas después y de voz de los uniformados que estuvieron en el procedimiento, pero que en ese momento no contaron lo que después le dijeron a la Fiscalía.
El arma homicida
En el expediente que conoció SEMANA hay más de un centenar de documentos, pruebas, videos, audios y declaraciones que incluyen un detallado estudio de las armas usadas por los policías comprometidos con el asesinato de los tres jóvenes, entre ellas, la que tenía en su poder el prófugo coronel Núñez, presunto asesino.
La Fiscalía realizó un estudio balístico en el que se detalla la clase de arma, el estado de la misma y todos los datos de identificación de la pistola que, según las declaraciones, en cabeza de los patrulleros que estaban con el coronel en el platón de la camioneta, fue usada por el oficial para asesinar a los tres jóvenes mientras supuestamente eran trasladados a un hospital. (Ver imagen).
En total, los investigadores incautaron ocho armas de fuego de los policías que participaron en el traslado de las víctimas y en la camioneta de la institución. Además, recogieron las minutas de los armerillos donde quedaron consignadas las novedades del armamento para la fecha de los hechos. Todas las armas, luego de los análisis, dieron como resultado que son aptas para disparar. “No presentan defectos en su ensamble, carecen de oxidación y no se aprecian alteraciones o deformaciones”, señala un informe de 32 páginas en poder de SEMANA.
Además de las inspecciones a las armas, la Fiscalía hizo lo mismo en el lugar de los hechos, el cruce vial conocido como La Garita, en donde fueron interceptadas las víctimas; también inspeccionaron al comando de Policía en Sucre, la central de radio del departamento, la camioneta y hasta las motos de las víctimas. Se trata de rigurosos análisis que permitieron reconstruir no solo cómo ocurrieron los hechos, sino la manera en que trataron de desviar la investigación (ver imagen).
La necropsia
Una sentencia del fiscal, en la audiencia de medida de aseguramiento contra los policías capturados, fue demoledora. Mientras explicaba la gravedad de las lesiones en los cuerpos, usó como ejemplo la ropa que llevaban las víctimas el día del crimen. Aseguró que un saco blanco que tenía puesto Carlos Ibáñez quedó rojo por los litros de sangre que perdió. En las imágenes reveladas se ve a la víctima con el saco y luego las prendas en Medicina Legal con la evidencia de la brutalidad del ataque (ver imagen).
Las prendas fueron expuestas y ordenadas de modo tal que se convirtieron en un croquis del cuerpo, en el que los fiscales lograron identificar los puntos por donde ingresaron y salieron los disparos, además de las heridas de arma blanca, que sin explicación estaban en la pierna derecha de una víctima.
Los resultados de los análisis forenses son escalofriantes. Las víctimas fueron atacadas con arma de fuego, a corta distancia y a quemarropa. Los disparos se repartieron en la cabeza, el tórax, los brazos y las piernas. Pero lo peor fueron los signos de violencia que se convirtieron en un acto despiadado para someter a las víctimas y dejarlas en estado de indefensión.
En los cuerpos, los expertos de Medicina Legal encontraron, además de las heridas de arma de fuego, una serie de golpes contundentes, principalmente en la cabeza, todos con extrema crueldad, que si bien no llevaron a la muerte, fueron suficientes para someter a las víctimas y meterlas en el platón de la camioneta.
“Sin embargo, por su número, naturaleza y ubicación, se consideran compatibles con violencia física ejercida con la finalidad de producir dolor, lo cual permite interpretar estos hallazgos como maniobras para inmovilizar y poner en indefensión a esta persona”, señalan los informes de necropsia en los tres casos. Para los forenses, eso lleva a concluir que la muerte fue violenta con un claro intento por causar sufrimiento en las víctimas.
Más vinculados
Entre los documentos que conoció SEMANA hay uno que abre un nuevo capítulo con más policías vinculados a la investigación. Se trata de un auto de la inspección de la Policía que incluye al mayor Cristian Betancour en el proceso y que podría ser requerido por la Fiscalía. El oficial fue nombrado en las declaraciones de los patrulleros como el responsable de golpear a los jóvenes cuando estaban sometidos y en poder de los uniformados.
“Mi mayor Betancour estaba de civil con un chaleco negro, veo que se acerca con rapidez al herido que está del lado derecho, veo que él se acerca con rapidez, se sube a la llanta de la parte trasera y le hace así con un objeto a uno de los que habíamos retenido y le pegan en la cabeza”, señaló un patrullero en su declaración a la misma Policía.
El fiscal, en las audiencias preliminares, advirtió que la investigación continúa y que serán más las personas vinculadas. No solo quienes participaron de manera directa en las agresiones a las víctimas, sino quienes, en un aparente intento por desviar la investigación, auspiciaron hechos irregulares en el proceso.
La conclusión es aparentemente clara para las autoridades: se trató de un montaje fallido en el cual, incluso, la que sería la prueba reina, la declaración del coronel Núñez, quedó, al parecer, sin sonido. SEMANA ha tratado de encontrar respuesta con las autoridades de por qué se dio este “error”, pero hasta el cierre de esta edición no había una contestación.