En el transcurso de esta semana se entregará ante la Fiscalía General el teniente coronel Benjamín Núñez, investigado por su presunta participación en los hechos que rodearon la retención, actos de tortura y el posterior asesinato de tres jóvenes en el municipio de Chochó (Sucre).
Así lo señaló su abogado, en medio de la instalación de la audiencia de imputación de cargos.
“De manera segura y transparente, el señor Benjamín Núñez Jaramillo se presentará de manera voluntaria y se entregará a la autoridad competente esta semana”, precisó el profesional del Derecho, quien señaló que se están adelantando maniobras dilatorias o tramoyas para entorpecer el proceso penal.
Tras la pregunta de la jueza primera penal municipal de Sincelejo, el abogado Sergio Ramírez aseguró que el coronel no se hacía presente a la diligencia judicial por temas de seguridad. “Tenemos la evidencia de que se están ofreciendo 150 millones de pesos por su captura vivo, o por la muerte de alguno de sus dos hijos (...). Ello, sin desconocer las amenazas que se han suscitado respecto al cumplimiento de su ejercicio funcional como policía”.
Debido a esta situación, se suspendió la audiencia que se tenía programada este miércoles, en la cual se le iban a imputar cargos y a solicitar medida de aseguramiento, por su activa participación y por su conocimiento del crimen de estos tres jóvenes, quienes iban a ser presentados como integrantes del Clan del Golfo abatidos en combate.
Pruebas documentales y testimoniales señalan que el oficial habría asesinado a los jóvenes identificados como Jesús David Díaz, José Carlos Arévalo y Carlos Alberto Ibáñez, quienes habían sido subidos a la fuerza a una patrulla de la Policía, en la cual fueron torturados y amenazados por agentes de la Institución.
Con esta evidencia, la Fiscalía General le iba a imputar al coronel Núñez los delitos de homicidio y privación ilegal de la libertad. Tras ser vinculado al caso, el oficial salió del país desde Cartagena hacia Panamá y de allí a México, donde aparentemente se encuentra.
La familia del oficial y, ahora, su defensa insistieron de manera repetida en que la versión del oficial no se conoce y, por tanto, la Fiscalía solo se quedó con lo dicho por los uniformados, que aseguraron cómo el oficial fue el encargado de disparar en contra de los jóvenes.
SEMANA conoció una declaración que rindió el coronel Benjamín Núñez ante la Inspección de la Policía, pero de acuerdo con las víctimas, el video de dicha declaración, extrañamente, quedó sin audio; así que el país se quedó sin conocer lo único que pudo decir el coronel ante de salir del país y ser considerado prófugo de la justicia.
Otros diez uniformados fueron imputados por la Fiscalía ante el mismo caso y todos negaron su responsabilidad minutos antes de ser capturados por la Policía, incluso quienes aseguraron que estaban en el platón de la camioneta donde fueron asesinados los tres jóvenes. El fiscal a cargo de la imputación explicó en detalle las pruebas existentes en contra de los uniformados y que incluyó videos, audios y los resultados de la necropsia.
“Los capturaron, sin oponer resistencia. Son golpeados por ustedes, para ese momento funcionarios de la Policía… Ustedes piden, mediante el uso de radio, apoyo. Llegan otros funcionarios y, contrario a garantizar la seguridad, los golpean al relacionarlos con la muerte del patrullero Díaz; causaron padecimientos innecesarios”, dijo el fiscal en la audiencia de imputación.
En la audiencia, en la que la juez ordenó que los diez uniformados debían continuar detenidos, se compulsaron copias para investigar la participación de otros policías en las agresiones a los jóvenes y las posibles omisiones en los hechos que, aparentemente, fueron observados por casi 100 uniformados.
“Al unísono resulta útil lo requerido, ya que permitirá aclarar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo ocurrieron los hechos que ocasionaron la muerte de los jóvenes Jesús David Díaz, José Carlos Arévalo y Carlos Alberto Ibáñez, despejando todo arrojo de duda que pueda existir”, señala el documento firmado por el agente del Ministerio Público que ejerce Supervigilancia Administrativa.